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B O L E T Í N I N F O R M A T I V O N º 1 9 J U N I O 2 0 1 1 9
Agrupaciones o Partidos y de las cantidades que
por cualquier concepto debían satisfacerles, así
como abstenerse de hacerles entregas o pagos sin
autorización de la Junta Técnica del Estado.
c) Los Registradores de la Propiedad remitían
certificación, con expresión de gravámenes, de
los inmuebles y derechos reales inscritos en aquel
momento a nombre de las mismas, de los que lo
estuviesen a 17 de julio de 1936, o certificación negativa
en su caso.
d) Además, la CPIB puede elegir una o varias
personas que le auxilien en las investigaciones o
que adopten las «medidas precautorias» pertinentes
(art. 7 del Decreto-Ley 157). Lo relativo a la
designación e indemnizaciones de este personal,
como norma general entre funcionarios, se desarrolló
en la Circular de 8 de febrero de 1937 (BOE de 10
de febrero de 1937) y en Reglamento de 24 de septiembre
de 1937 (BOE de 29 de septiembre de 1937).
Durante la Instrucción, se seguían las siguientes
normas, conforme lo previsto por la Orden:
a) Un mismo expediente podía afectar a los
bienes de una persona aunque estuviesen en diferentes
términos municipales, partidos judiciales
e incluso provincias. También podían incluirse en
un solo expediente los bienes de diferentes personas
participantes en hechos conexos (Norma Tercera,
apartado a).
b) Iniciado un expediente, no podía seguirse
otro sobre los mismos bienes, debiendo suspenderse
el últimamente incoado y enviarse las actuaciones
practicadas al Instructor del primero (Norma
Tercera, apartado b). En este caso, estando la
otra persona propietaria implicada en hechos sospechosos,
si tenían conexión con los primeramente
abordados, se acumulaban los expedientes, y si
no, habría que continuar dicho expediente prescindiendo
de los bienes ya expedientados.
c) La instrucción de todo expediente se publicaba
por mandato de la CPIB en el Boletín Oficial
de la provincia (BOP) en que radicaban los bienes
objeto del expediente conforme al siguiente texto:
«De conformidad con lo prevenido en el artículo
6.º de dicho Decreto-ley, he mandado instruir expediente
sobre declaración de responsabilidad civil
contra (nombre y apellidos), vecino de (pueblo
y provincia), habiendo nombrado Juez instructor
(nombre y apellidos) y empleo, arma o cuerpo o
destino si fuera funcionario judicial que actuará
en (lugar, calle y número)» (apartado c).
El Juez instructor, sin dilación, recibía declaraciones
del presunto culpable y demás personas
que estimaba necesarias, evacuando las citas importantes
en lo actuado, y reclamando informes al
Presidente de la Comisión Gestora Municipal, al
Comandante del puesto de la Guardia civil y otras
autoridades (apartado d).
A la vista de todas estas actuaciones, al Juez de
instrucción le quedaban dos cosas que hacer: por
un lado, en caso de estimar indicios de culpabilidad,
mandaba proceder al embargo de los bienes
o ratificaba el previamente decretado, formándose
ramo separado conforme el art. 9 del libro segundo
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y concordantes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). El
Juez instructor podía comisionar a un Juez ordinario
para todo el ramo o para parte de las diligencias
del mismo, siguiendo su curso el expediente
principal. En segundo lugar, daba fin a la fase de
instrucción con el resumen de las actuaciones.
El expediente con su resumen era remitido a
la CPIB, que emitía informe sobre la responsabilidad
civil y su cuantía (apartado f). Dicho informe
y todo lo actuado se elevaba al General o Capitán
General, que lo remitía al Auditor para su
dictamen. El Auditor podía confirmar u oponerse
al informe de la CPIB, ordenar la devolución del
expediente al instructor para el cumplimiento de
nuevas diligencias, o modificar lo informado. Finalmente,
el General o Capitán General declaraba,
sin ulterior recurso, la responsabilidad de los expedientados
y, en caso positivo, fijaba la cuantía
de la misma. En caso de declararse responsabilidad,
se remitía testimonio de lo necesario y pieza
de embargo al Presidente de la Audiencia del
territorio correspondiente para ejecutar el acuerdo
conforme a los art. 1481 y siguientes de la LEC
(apartado g), reputándose ejecutante a la Comisión
Central (apartado h). El art. 12 del Decretoley
157 establecía que el metálico obtenido de la
enajenación o gravamen de dichos bienes debía
ingresarse en la Caja General del Depósito, y junto
con el resto de bienes incautados se destinaría a fines
estatales de resarcimiento o «a los que acuerde
el Presidente de la Junta Técnica del Estado».
Para salvaguardar los derechos que terceras
personas pudiesen tener sobre los bienes objeto de
incautación, se preveía un procedimiento, regulado
en la Norma Sexta de la Orden resuelto por la
Junta Técnica del Estado, sin posibilidad de recurso,
siempre que la instancia se presentase ante la
Comisión Central dentro de los plazos marcados
por el art. 11 del Decreto-ley 157 (días hábiles, conforme
el art. 3 apartado e) de la Orden):