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B O L E T Í N I N F O R M A T I V O N º 1 9 J U N I O 2 0 1 1
d) Enajenar y gravar tales bienes, si bien, cualquiera
que fuera la clase de éstos y para uno y otro
supuesto, ha de obtener en cada caso autorización
previa y expresa de la Junta Técnica del Estado.
e) Dirigirse en petición de cuantos antecedentes
y documentos estimare precisos a funcionarios,
Autoridades y organismos públicos de toda clase,
directamente, excepto a los de Guerra y Marina,
que habrá de hacerlo por conducto reglamentario.
f) Comparecer en juicio asumiendo su representación
y defensa los Abogados del Estado.
El art. 4.º de la Orden de 5 de enero de 1939, referente
a las Comisiones Centrales y Provinciales
de Incautaciones (BOE de 12 de enero de 1939),
cambió posteriormente su denominación por la
de «Comisión Central de Incautaciones».
El art. 3.º instituye una Comisión Provincial
de Incautación de Bienes (CPIB) en cada capital
de provincia, formada por el Gobernador Civil,
un Magistrado de la Audiencia Provincial y un
Abogado del Estado que actuaba como Secretario.
La Orden de 18 de marzo de 1937 (BOE de 20 de
marzo de 1937), en su artículo 7, establecía que
para que los acuerdos fuesen válidos bastaría la
concurrencia y voto de dos de los componentes,
y que las sustituciones del Magistrado y del Abogado
del Estado correspondían a los funcionarios
designados por el Presidente de la Audiencia y el
Delegado de Hacienda, debiendo notificarse por
telégrafo a la Junta Técnica.
El art. 5 del Decreto Ley 157 continuaba perfilando
el carácter especial de estos expedientes, determinando
sus peculiaridades en el aspecto procesal:
– Para empezar, el General en Jefe una vez tomadas
las «medidas precautorias» debía formar
inventario y nombrar un administrador provisional
de los bienes ocupados. A continuación, debía
remitir todas las actuaciones a la CPIB (art. 2 del
Decreto-ley 157). La Orden de 18 de marzo de 1937
aclaró que también la propia CPIB podía nombrar
administradores, así como acordar el embargo de
bienes, con independencia de las facultades del
instructor del expediente.
– Las facultades de las CPIB se refuerzan en
el artículo 8, sobre que los Tribunales Militares y
ordinarios que estuviesen conociendo en procedimiento
criminal de actos u omisiones contra el
Movimiento Nacional se abstuviesen de pronunciarse
sobre las responsabilidades civiles, limitándose
a consignar la reserva de la acción a los perjudicados
y a remitir un testimonio de la sentencia
condenatoria a la Comisión Central.
– El art. 10 del Decreto-ley 157 establece que
sólo las autoridades mencionadas en el mismo
pueden practicar incautaciones o declarar la responsabilidad
civil, por lo que ordenaba que las diligencias
ya iniciadas fuesen remitidas al General
de la División, para su curso correspondiente conforme
las nuevas normas. Por ello, fueron declarados
suspensos todos aquellos seguidos contra
los bienes objeto de este nuevo procedimiento de
responsabilidad civil especial (norma Quinta de la
Orden).
– La jurisdicción civil ordinaria ve limitado
su papel a conocer de las reclamaciones de indemnización
presentadas por quienes se considerasen
perjudicados por la actuación de las
personas expedientadas, y sólo cuando la Comisión
Central reservase dichas demandas a los
tribunales civiles (art. 9.º). Para ello el interesado
debía formular su petición ante la Secretaría
de Guerra, que con su informe lo remitía
a la Comisión Central que resolvía sin ulterior
recurso (norma Cuarta de la Orden). El art. 6.º
de la citada Orden de 18 de marzo de 1937 se
extendía en la aclaración de este extremo, estableciendo
que una vez devenía firme la sentencia
favorable dictada por la jurisdicción civil
ordinaria, se disponía de 30 días hábiles para
solicitar la ejecución contra los bienes incautados
ante la Comisión Central administradora de
bienes incautados, conforme lo previsto por el
art. 11.º del Decreto-ley 157 y la norma 6.ª de la
Orden. La resolución, previo informe de la Comisión
Central, correspondía a la Junta Técnica
del Estado sin posibilidad de recurso.
El cuanto a su tramitación, el expediente de incautación
comienza con el acuerdo de instrucción
de expediente de declaración de responsabilidad
civil por la CPIB (art. 6 del Decreto-ley 157), pudiendo
decretarse el embargo de los bienes del
expedientado. El conocimiento por la CPIB de los
hechos que pueden motivar la incautación puede
provenir del General Jefe, de otras autoridades, o
de cualquier otro medio. La norma Segunda de la
Orden se redactó en este sentido:
a) Los Delegados de Hacienda remitían a la
CPBI relación de los bienes pertenecientes a los
partidos agrupaciones o entidades relacionados
en la norma Primera, conforme constase en los
amillaramientos y catastros.
b) Los Bancos y Cajas, Corporaciones, Sociedades,
Empresas, etc. debían remitir relación de
los valores pertenecientes a dichas Entidades,