artículo - Portal de Cultura de Defensa - Ministerio de Defensa

B O L E T Í N I N F O R M A T I V O N º 1 9 J U N I O 2 0 1 1 7
(exp. 26, 1936); los locales de la Federación Obrera
y Unión Tabacalera (exp. 27, 1936); las casas del
Pueblo de Vigo y Betanzos (exp. 28-29, 1937); unos
viñedos en Cangas de Narcea (exp. 23bis, 1938);
los bienes de personas afiliadas al Frente Popular
(exp. 30, 1936-1937); las mesas de billar del Centro
Herculino (exp. 83), etc.
Las incautaciones más numerosas fueron las
que a su carácter de ventaja logística unían una finalidad
represora contra los contrarios al levantamiento.
Para ello, se utilizaron diversas metodologías,
de las cuales constituyeron vía fundamental
los expedientes de responsabilidad civil tramitados
por las Comisiones Provinciales de Incautación
y Confiscación de Bienes.
3. Desarrollo normativo general
de los expedientes de incautación
y confiscación de bienes
Como se ha expuesto, en la entonces Octava División
se realizaron numerosas incautaciones antes
de la aprobación del Decreto Ley 157 de 10 de
enero de 1937 (BOE. n.º 83, Burgos 11 de enero de
1937), en adelante «el Decreto Ley 157», y de la
Orden de 10 de enero de 1937 (BOE n.º 83, Burgos
11 de enero de 1937), en adelante, «la Orden», incluso
antes del Decreto 108 de 13 de septiembre
de 1936 (B.O. de la Junta de Defensa Nacional de
España n.º 22, Burgos 16 de septiembre de 1936),
en adelante, «el Decreto 108».
De la entidad de las mismas da cuenta el hecho
de que el 28 de octubre de 1936 la Junta Técnica
de Gobierno ordenó a las autoridades militares de
la Octava División que formasen un inventario de
las incautaciones «de todas aquellas industrias,
comercio y otras propiedades que se hayan incautado
por ser los propietarios o partícipes personas
enemigas del movimiento nacional de España o
afiliadas al Frente Popular» (AIMNO//05.02126).
Sin embargo, fueron las normas citadas las que
compusieron un conjunto de medidas específicas
mediante las cuales la Junta Técnica del Estado dio
un paso más en la sistematización de las incautaciones
de bienes en los territorios ocupados. Para
su desarrollo, se aprobaron otras normas complementarias
y rectificaciones (de 6, 8 y 19 de febrero
de 1937, de 18, 22 y 24 de marzo de 1937, de 3
de mayo y de 12 de agosto de 1937, de 24 de septiembre
y 14 de octubre de 1937, de 22 de abril y
10 de junio de 1938, y de 5 de enero de 1939) hasta
la desaparición de las comisiones de incautación
con la aprobación de la Ley de 9 de febrero de 1939
de Responsabilidades Políticas y la Ley de 23 de
septiembre de 1939, por las que los expedientes de
responsabilidad civil en ellas pendientes pasaron a
manos de los recién creados Tribunales regionales
de Responsabilidades Políticas (TRP). En el caso de
la Comisión de Incautación de Bienes de Orense,
aquellos expedientes que en dicha fecha ya habían
sido finalizados, fueron remitidos para su archivo
al Cuartel General de la Octava Región Militar, firmando
las relaciones de entrega el Secretario de
Justicia. Una tanda de expedientes fue recibida el
15 de marzo de 1939, la otra el 25 de junio.
Facultado por el Decreto 108, el General Jefe de
un Ejército en Operaciones podía adoptar «medidas
precautorias» de la ocultación o desaparición
de bienes (art. 5.º del Decreto 108). Entonces remitía
al Juzgado de Primera Instancia las relaciones
de personas y bienes para que se decretase el embargo
conforme los artículos 600 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal y concordantes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, embargo que
subsistía hasta la depuración de responsabilidades
criminales o civiles (art. 6.º del Decreto 108).
No se hacían más previsiones relativas ni al procedimiento
ni a los órganos competentes.
Con el Decreto Ley 157 se dotó a estos expedientes
de un procedimiento jurisdiccional propio,
peculiar y completo, en el que intervenían
no sólo autoridades militares, sino también unos
órganos colegiados creados ad hoc y directamente
nombrados por el Presidente de la Junta Técnica:
Por un lado, la Comisión Central Administradora
de Bienes Incautados del Estado (art. 1.º del
Decreto Ley 157), conformada por un Intendente,
un Registrador de la Propiedad, un Abogado del
Estado y un Notario que actuaba como Secretario.
Las funciones de esta Comisión Central se relacionaban
en el artículo 4.º del mismo:
a) Formar el inventario de todos los bienes que
las Entidades, Agrupaciones o Partidos declarados
fuera de la Ley poseían en 18 de julio de 1936
y de los que poseyeran con posterioridad.
b) Investigar la existencia de cualesquiera otros
bienes pertenecientes en la expresada fecha y después
de ella a esas Entidades, Agrupaciones o Partidos,
cualquiera que fuese el poseedor de aquellos.
c) Ocupar y administrar dichos bienes, pudiendo
nombrar a uno y otro efecto, con las facultades
que expresará en cada caso, cualesquiera
personas, con preferencia funcionarios públicos,
sean civiles o militares.