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B O L E T Í N I N F O R M A T I V O N º 1 9 J U N I O 2 0 1 1 5
Solicitud de la Jefatura Territorial de Galicia de la Falange para
que se ratificase oficialmente la incautación de hecho de la Casa
del Pueblo de Betanzos. 1937-03-10 (AIMNO//05.02126).
Estas incautaciones de facto o cuasi de facto se
reglaron paulatinamente por medio de decretos y
órdenes, y en pocos meses se perfiló el procedimiento
principal de los expedientes de incautación
de bienes.
2.1. Las incautaciones regladas en el territorio
sublevado nacional
El Bando de 28 de julio de 1936, del general Cabanellas,
ya especificaba en su artículo 8 que «Se
declaran incautados, y a mi disposición, todos
los vehículos y medios de comunicación de cualquier
clase» (Boletín Oficial de la Junta de Defensa
Nacional de España –BOJDNE– de 30 de julio de
1936), pero no fue hasta mediados de agosto cuando
se perfiló un mínimo procedimental para estas
incautaciones.
En Burgos, el 14 de agosto firmó el mismo Miguel
Cabanellas el Decreto n.º 37 de 14 de agosto
de 1936 (BOJDNE de 17 de agosto de 1936), por
el que una comisión presidida por el Gobernador
Civil debía relacionar las empresas, fábricas, sociedades
y entidades de crédito más importantes
de cada provincia, y remitir el listado a la Junta de
Defensa Nacional.
La finalidad de este inventario era recabar los
datos necesarios para proceder a incautar los establecimientos
de aquellas sociedades cuyo Consejo
de administración radicaba en ciudades «en
rebeldía armada», como exponía el propio Decreto-ley.
Dicho y hecho, el Decreto n.º 38, aprobado
el mismo día y publicado en el mismo Boletín a
continuación del Decreto 37, incautaba los establecimientos
de la Sociedad Anónima Industrias
Agrícolas. También fueron incautados los establecimientos
y productos de las Industrias Busquets
(Decreto n.º 41 de 16 de agosto de 1936, BOJDNE
de 17 de agosto de 1936 y Decreto n.º 63 de 24 de
agosto de 1936, de 25 de agosto de 1936), la Sociedad
Anónima Banco Agrícola Comercial (Decreto
n.º 75 de 28 de agosto de 1936, BOJDNE de 30 de
agosto de 1936) o López Hermanos y Compañía,
fabricantes de calzado (Decreto n.º 78 de 29 de
agosto de 1936, BOJDNE de 4 de septiembre de
1936). En todos los casos se decretaba la incautación
de sus «establecimientos fabriles, industriales
y comerciales», «edificios, maquinaria y productos»,
«créditos, cuentas corrientes y cualquier
otra clase de valores» o metálico con motivo de las
«características de actuación opuestas a cuanto en
estos momentos es noble fin del movimiento nacional
salvador de España», insistiendo de nuevo
en una definición del adversario asentada no en
aquello que se afirma (la república, el socialismo,
el comunismo…) sino en aquello que se objeta, el
levantamiento militar contra el gobierno legítimamente
aprobado por las urnas.
También fueron aprobadas estos primeros meses
la Orden de 20 de agosto de 1936, sobre incautación
de trigos propiedad del Estado destinados
a lugares no sometidos, dirigida a los Gobernado-
Relación de créditos a favor de Busquets y Hermanos en la
provincia coruñesa. 1937-09-07 (AIMNO//05.02126).