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B O L E T Í N I N F O R M A T I V O N º 1 9 J U N I O 2 0 1 1 47
EL SERVICIO HISTÓRICO DE LA DEFENSA,
UN ACTOR ESENCIAL DE LA POLÍTICA
DE REIVINDICACIÓN DE DOCUMENTOS
DE ARCHIVO PUESTA EN MARCHA
POR EL MINISTERIO DE DEFENSA FRANCÉS
EN 2009 [1]
Michel Roucaud
Departamento de Innovación Tecnológica y de Altas Extraordinarias de Documentos del Servicio Histórico
de la Defensa francés
(Département de l’innovation technologique et des entrées par voies extraordinaires, DITEEX. Service
Historique de la Défense)
Aunque la distinción entre documentación pública
–aquella generada por el Estado en el ejercicio
de su actividad– y documentación privada está
sólidamente establecida desde el siglo XVII [2],
numerosos fondos públicos han permanecido y
permanecen todavía en manos de particulares.
La creciente dispersión, principalmente por razones
económicas, y el aumento de los robos y sustracciones
de tales documentos durante la última
década han llevado a los organismos de la Administración
responsables de los archivos franceses
SHD, Departamento de Referencias del centro de archivos de
Vincennes (fuente: SHD).
a ejecutar regularmente el derecho del Estado a la
reivindicación de la documentación pública, con
el fin de proteger el patrimonio histórico.
El reforzamiento de las disposiciones
legislativas
La ley francesa de Archivos de 1979 subraya el
carácter imprescriptible e inalienable de la documentación
pública. Tal naturaleza ha sido confirmada
por la Ley número 2008-696, de 15 de julio
de 2008, de modificación del Código de Patrimonio
francés, que ha venido a reforzar los medios
de acción del Estado en materia de reivindicación
de su patrimonio histórico [3].
Desde entonces, el Servicio Histórico de la Defensa
(Service Historique de la Défense, en adelante
SHD), trabajando conjuntamente con la Dirección
de la Memoria, Patrimonio y Archivos del Ministerio
de Defensa francés (Direction de la mémoire, du
patrimoine et des archives, DMPA) y la Dirección de
Asuntos Jurídicos (Direction des Affaires Juridiques,
DAJ), ha puesto en marcha en Francia una política
sistemática de supervisión y de valoración («veille
et expertise») de documentos puestos a la venta
por particulares o salas de subastas para detectar
posibles fondos públicos [4].