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B O L E T Í N I N F O R M A T I V O N º 1 9 J U N I O 2 0 1 1 19
EL RASTRO DOCUMENTAL DE CIENTO
NOVENTA AÑOS DE SERVICIO MILITAR
OBLIGATORIO (1812-2001)
F. Javier López Jiménez
Director Técnico del Archivo General Militar de Guadalajara
Introducción
Próximo a cumplirse el bicentenario de la Constitución
de Cádiz (1812) ha desaparecido hace diez
años (2001) una de las contribuciones que ésta imponía
a los varones españoles, los cuales, al cumplir
determinada edad, debían prestar un servicio
obligatorio en los ejércitos de la Nación. Esa fuerza
militar nacional de tierra y mar sería permanente,
organizada en un ejército activo puesto en pie con
tropas de continuo servicio, reemplazadas en los
cuerpos (regimientos, batallones o escuadrones)
mediante reclutamientos anuales obligatorios
para prestar servicios en filas (propiamente mili),
terminados los cuales pasarían a constituir las reservas
de los ejércitos hasta su licencia absoluta,
finalizando así su servicio militar y saliendo de la
dependencia de la jurisdicción militar.
Hasta el último cuarto del siglo XIX, su desarrollo
transcurrirá enredado en continuas dificultades
bélicas y de orden público (guerras de
independencia, africanas, carlistas, ultramarinas,
pronunciamientos y motines de quintas), iniciándose
posteriormente una segunda fase que se
caracteriza por una vorágine legislativa y ardor
organizativo que contemplaba, tanto la puesta en
marcha de una red de órganos de reclutamiento
permanentes (Cajas de Recluta y Zonas de Reclutamiento
y Reserva), como la organización de los
cuerpos activos y sus reservas, además de regularizar
los reclutamientos anuales y fijar el expediente-tipo
del servicio militar obligatorio (expediente
reglamentario de tropa) así como el arreglo de
los archivos de esas cajas, cuerpos y zonas.
La reforma del régimen foral, en 1876 [1], hará
extensiva a las provincias vascas la obligación
constitucional de contribuir a esos reemplazos,
aunque exceptuando a los que acrediten que ellos,
o sus padres, hubieran sostenido con las armas los
derechos del rey legítimo y de la Nación en la última
guerra carlista, sin que por ello se disminuya el cupo
de cada provincia. En el caso de las islas Canarias,
aunque ya en 1883 se había incluido en la legislación
de reclutamiento su cupo provincial (las Islas
Canarias eran una única provincia entonces), será
tras la disolución de sus Milicias Provinciales, en
1886, cuando dé comienzo la puesta en pie del
ejército territorial canario [2] al modo y manera
Filiación de José Díaz (1.851). AGMG. Milicias Provinciales
Canarias, 156/55.