artÃculo - Portal de Cultura de Defensa - Ministerio de Defensa

More documents

Recommendations

Info

14 B O L E T Í N I N F O R M A T I V O N º 1 9 J U N I O 2 0 1 1 Finalizadas todas estas actuaciones, el Juez instructor Juan Herrera realizaba un resumen del expediente, a veces ciertamente exhaustivo, que enviaba a la Comisión Provincial de Incautación de Bienes de Orense, y ésta, con base en el mismo, realizaba un informe con la siguiente estructura y características: – Presentación del expediente y el encartado. – En caso de tratarse de un expediente iniciado antes de enero de 1937, mención de la ratificación del mismo con motivo de existir sospechas sobre el encartado. – Interpretación de las repetidas «medidas precautorias» y «ocupación preventiva» entendiéndolas referidas al embargo preventivo de los bienes, dando por transcurridos los plazos establecidos en el art. 11 del Decreto-ley 157 para las reclamaciones de terceros. – Resumen de la responsabilidad criminal del encartado, si así se ha declarado por la jurisdicción militar. – Exposición de la conducta política y pública del encartado en el momento de abrirse el expediente. – Descripción de la situación económica del expedientado y de las personas a su cargo. – Propuesta de declaración de responsabilidad y embargo, de declaración de responsabilidad e insolvencia, o de sobreseimiento de las actuaciones. – Lugar fecha y firmas. Dicho informe se elevaba bien al General del Octavo Cuerpo del Ejército, bien, posteriormente, al General de la Octava Región Militar. A continuación emitía dictamen el Auditor correspondiente, casi siempre conforme con el de la CPIB en el caso que nos ocupa, aunque en los expedientes iniciados antes del 11 de enero de 1937 el Auditor dictaminaba devolver el expediente al instructor para la práctica de las siguientes diligencias que habían quedado pendientes: concretar si habían transcurrido los plazos de presentación de reclamaciones por terceras personas, la evacuación del informe sumario por las fuerzas del orden, y la certificación por los Juzgados Militares de existir o no procedimiento criminal contra el expedientado. En algún caso también había quedado sin practicar la declaración de éste, de carácter obligatorio conforme el art. 4.º de la Orden de 18 de marzo de 1937. Una vez cumplimentadas todas las diligencias necesarias, el Auditor en la mayoría de ocasiones dictaminaba a favor de la propuesta de la Comisión, aunque también podía modificarla u oponerse a ella. Finalmente, el General correspondiente procedía a acordar, conforme al dictamen de su Auditor, la responsabilidad del encartado en el sentido que fuese. En caso de declararse responsable al encartado, se remitía al Presidente de la Audiencia Territorial de La Coruña la pieza de embargo junto con un testimonio de la resolución recaída en el expediente, en cumplimiento de la norma Tercera, apartado g) de la Orden de 10 de enero de 1937. Finalizado el expediente, se unía en su caso el acuse de recibo de la Audiencia, así como otra documentación planteada a posteriori (peticiones de levantamiento de embargo una vez satisfecha la indemnización, solicitud de bienes embargados que en realidad eran propiedad de terceros…) y, finalmente, se archivaba el expediente en la Región Militar. 4.4. Personajes destacados expedientados por la CPIBO Entre otros, fueron encartados por esta Comisión: Abdón Blanco García, alcalde del Barco de Valdeorras que, además, fue condenado a pena de muerte por un delito de rebelión militar. Abdón Vide Villanueva, miembro de la Logia Mundial Masónica y afiliado a partidos de izquierdas.
B O L E T Í N I N F O R M A T I V O N º 1 9 J U N I O 2 0 1 1 15 Ejemplar para el Archivo del tanto de préstamo del expediente n.º 75 solicitado en dos ocasiones por el Secretario de Justicia durante 1940 (AIMNO//05.01432.024). Adolfo Anta Espino, alcalde de Carballeda de Valdeorras y Presidente del Comité Municipal de Izquierda Republicana. Alejandro Villanueva Martínez, designado Alcalde de Barrio de Villaza por el Frente Popular. Antonio Fernández Vences, maestro nacional y concejal del Frente Popular en el Ayuntamiento de Sandiás. Arturo González González, concejal del Frente Popular en Paderne de Allariz. Arturo Salgado Villar, concejal del Frente Popular en el ayuntamiento de Baños de Molgás. Basilio Álvarez Rodríguez, sacerdote y propietario del periódico «La Zarpa». Domingo González Garrido, era Secretario de Castro Caldelas en el momento del levantamiento. Eloy Álvarez Justo, alcalde de Oimbra por el Frente Popular. Ernesto Ramos Méndez, cantero y concejal socialista condenado a pena de muerte por un delito de rebelión militar. Eulogio Gavela Vega, alcalde del Barco de Valdeorras por el Frente Popular y tildado de pertenecer a la Masonería. Felisindo Álvarez Xestira, abogado, presidente de la Diputación Provincial por el Frente Popular y vocal del Consejo Nacional de Izquierda Republicana. Francisco Vidal Nogueira, concejal del Barco de Valdeorras por el Frente Popular. Germán Prez Vega, concejal del Ayuntamiento de Manzaneda. Gonzalo Martín March, maestro y Gobernador Civil de Ourense. Jesús Iglesias Pérez, alcalde del Municipio de Paderne, detenido por rebelión militar en 1934 y miembro y presidente de la Asociación de Agricultores. Joaquín Lamelas González, chofer de la empresa «Trives» y concejal de este Ayuntamiento desde 1931 a 1936. José Fernández Cid, concejal por el Frente Popular en el Ayuntamiento de Paderne de Allariz en 1931. Juan Antonio Álvarez Diéguez, Teniente alcalde de Verín. Juan Ferreiro Dobaño, concejal del Frente Popular en el Ayuntamiento de Rairiz de Veiga, que murió a finales de 1936 de anemia. Laureano Gómez Paratcha, médico, ministro de Industria y Comercio en el Gobierno presidido por Alejandro Lerroux y afiliado a Izquierda Republicana. Luis Fábrega Coello, farmacéutico, militante del Partido Radical y Diputado a Cortes en 1931. Luis Hilla Vázquez, de Izquierda Republicana y concejal del Ayuntamiento de Verín por el Frente Popular. Manuel Fernández Gómez, Jefe de la Guardia Municipal Urbana del Ayuntamiento de Ribadavia como delegado del Frente Popular. Manuel Losada Camino, Presidente de la Sociedad de Agricultores de Verín, perteneciente a la UGT y miembro de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de Verín por designación gubernativa del Frente Popular. Plácido Diéguez Diego, que fuera alcalde de San Juan de Río, y había sido condenado a 12 años y 1 día de prisión menor por un delito de auxilio a la rebelión. Senén Penedo Bernárdez, tesorero del Sindicato de Campesinos de Barbadanes, Delegado Local de la U.G.T. y concejal del Ayuntamiento de Barbadanes durante el Gobierno del Frente Popular. Severiano Limia Vieitez, Juez Municipal de Castrelo del Valle, perteneciente al comité del partido de Izquierda Republicana, del cual era Presidente.
Page 1 and 2: o l e t í n i n f o r m a t i v o
Page 3 and 4: B O L E T Í N I N F O R M A T I V
Page 13: B O L E T Í N I N F O R M A T I V

artÃ­culo - Portal de Cultura de Defensa - Ministerio de Defensa

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

artÃculo - Portal de Cultura de Defensa - Ministerio de Defensa