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B O L E T Í N I N F O R M A T I V O N º 1 9 J U N I O 2 0 1 1
Finalizadas todas estas actuaciones, el Juez
instructor Juan Herrera realizaba un resumen del
expediente, a veces ciertamente exhaustivo, que
enviaba a la Comisión Provincial de Incautación
de Bienes de Orense, y ésta, con base en el mismo,
realizaba un informe con la siguiente estructura y
características:
– Presentación del expediente y el encartado.
– En caso de tratarse de un expediente iniciado
antes de enero de 1937, mención de la ratificación
del mismo con motivo de existir sospechas
sobre el encartado.
– Interpretación de las repetidas «medidas
precautorias» y «ocupación preventiva» entendiéndolas
referidas al embargo preventivo de los
bienes, dando por transcurridos los plazos establecidos
en el art. 11 del Decreto-ley 157 para las
reclamaciones de terceros.
– Resumen de la responsabilidad criminal del
encartado, si así se ha declarado por la jurisdicción
militar.
– Exposición de la conducta política y pública
del encartado en el momento de abrirse el expediente.
– Descripción de la situación económica del
expedientado y de las personas a su cargo.
– Propuesta de declaración de responsabilidad
y embargo, de declaración de responsabilidad e insolvencia,
o de sobreseimiento de las actuaciones.
– Lugar fecha y firmas.
Dicho informe se elevaba bien al General del
Octavo Cuerpo del Ejército, bien, posteriormente,
al General de la Octava Región Militar. A continuación
emitía dictamen el Auditor correspondiente,
casi siempre conforme con el de la CPIB en
el caso que nos ocupa, aunque en los expedientes
iniciados antes del 11 de enero de 1937 el Auditor
dictaminaba devolver el expediente al instructor
para la práctica de las siguientes diligencias que
habían quedado pendientes: concretar si habían
transcurrido los plazos de presentación de reclamaciones
por terceras personas, la evacuación del
informe sumario por las fuerzas del orden, y la
certificación por los Juzgados Militares de existir
o no procedimiento criminal contra el expedientado.
En algún caso también había quedado sin
practicar la declaración de éste, de carácter obligatorio
conforme el art. 4.º de la Orden de 18 de marzo
de 1937. Una vez cumplimentadas todas las diligencias
necesarias, el Auditor en la mayoría de
ocasiones dictaminaba a favor de la propuesta de
la Comisión, aunque también podía modificarla u
oponerse a ella. Finalmente, el General correspondiente
procedía a acordar, conforme al dictamen
de su Auditor, la responsabilidad del encartado en
el sentido que fuese.
En caso de declararse responsable al encartado,
se remitía al Presidente de la Audiencia Territorial
de La Coruña la pieza de embargo junto
con un testimonio de la resolución recaída en el
expediente, en cumplimiento de la norma Tercera,
apartado g) de la Orden de 10 de enero de 1937.
Finalizado el expediente, se unía en su caso el
acuse de recibo de la Audiencia, así como otra documentación
planteada a posteriori (peticiones de
levantamiento de embargo una vez satisfecha la
indemnización, solicitud de bienes embargados
que en realidad eran propiedad de terceros…) y,
finalmente, se archivaba el expediente en la Región
Militar.
4.4. Personajes destacados expedientados
por la CPIBO
Entre otros, fueron encartados por esta Comisión:
Abdón Blanco García, alcalde del Barco de Valdeorras
que, además, fue condenado a pena de
muerte por un delito de rebelión militar.
Abdón Vide Villanueva, miembro de la Logia
Mundial Masónica y afiliado a partidos de izquierdas.