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B O L E T Í N I N F O R M A T I V O N º 1 9 J U N I O 2 0 1 1 13
lizado propaganda o actuado como directivo de
algún modo relacionado con el Frente Popular; b)
Hubiese huido a la zona republicana; c) Su actuación
antes del levantamiento militar (de nuevo, la
característica aplicación retroactiva de las medidas
represoras por las autoridades franquistas); d)
Su posición económica y los familiares que con él
conviven a su cargo; e) personas que pueden informar
acerca de su conducta. Además el encartado
podía aportar a la causa cualquier prueba que
considerase conveniente para su defensa (actas de
la Junta Electoral, prensa, donativos al Ejército,
etc.).
Los informes de autoridades responden a un
formulario preestablecido que se envía a la autoridad
de turno, que muchas veces aprovecha el verso
del mismo para contestar. Las preguntas eran,
literalmente, las cinco siguientes:
1.ª Si dicho presunto responsable ha desempeñado
algún cargo político o administrativo al
servicio del “Frente Popular”, bien por elección o
derecho de sufragio, bien por designación gubernativa.
2.ª Si se ha dedicado a propagar entre sus convecinos
las ideas políticas del mencionado “Frente
Popular”, y si esa propaganda se puede considerar
eficaz por la posición social o económica o el
prestigio del acusado.
3.ª Si ha ejercido éste cargo directivo en alguno
de los partidos políticos u organizaciones del
susodicho “Frente Popular”, o si como afiliado se
ha destacado por su actuación notable y ostensiblemente.
4.ª Si es de los huidos a la zona enemiga para
oponerse con las armas a la acción del Ejército Nacional
o, simplemente, para demostrar su desafección
contra el Movimiento Salvador de la Patria; y
5.ª Si por haber tenido una actuación bien
definida y meditada, puede lógicamente considerársele
cómplice de la anárquica situación a la
cual vino a poner término el Glorioso Alzamiento
del Ejército, indicándose además por V. en el
informe que se le pide cuantos otros extremos
estime oportunos con relación a la finalidad que
se persigue».
A veces estas cuestiones eran abreviadas del
modo siguiente: «1.º Conducta moral pública y
privada; 2.º Ideas políticas y su actuación antes y
después del movimiento Nacional; 3.º Si perteneció
a alguna organización política o sindical y cuál
sea ésta; 4.º Si ha contribuido a huelgas, plantes,
sabotajes u otros excesos».
Informe del Jefe Comarcal de F.E.T. de Xinzo de Limia
(Orense) en contestación al Juez instructor Juan Herrera. 1937
(AIMNO//05.01432.029).
Del conjunto de las preguntas formuladas a
las autoridades por escrito o planteadas al encartado
y otros declarantes, es fácil deducir quiénes
eran los objetivos que despertaban mayor interés
en el examen de responsabilidad política que
constituyen estos expedientes: 1) los objetivos
primordiales eran los cargos públicos electos o
designados por alguna autoridad gubernativa,
evidentemente, del Gobierno del Frente Popular
recién formado. A continuación, 2) aquellas
personas afines a dicha agrupación que por su
posición social o económica gozasen de auctoritas
en su ambiente, como podían ser los directores
de periódicos; en tercer lugar, 3) los cargos directivos
o afiliados de los partidos u organización
que acabaron conformando el Frente Popular,
u otros de izquierdas; y finalmente a modo de
cláusula residual, 4) podía expedientarse a cualquiera
que, huido o no, armado o no, pudiese ser
considerado enemigo del levantamiento. Esta direccionalidad
represora que se tuvo que reproducir
en todas las provincias a través de sus respectivas
CPIB podemos ilustrarla con los datos
de Orense [10]: