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B O L E T Í N I N F O R M A T I V O N º 1 9 J U N I O 2 0 1 1
dades militares del territorio (primero el General
de Octavo Cuerpo del Ejército, después el General
de Octava Región Militar, en ambos casos previo
dictamen del Auditor de Guerra), el informe y
propuesta de resolución corre a cargo de la propia
Comisión, que como ya se avanzó al analizar el
Decreto-ley 157, constituye un órgano de naturaleza
especial creado ad hoc y cuya actuación viene
regulada por una normativa específica.
b) Características procedimentales extraíbles
de la literalidad de la Comisión en su acuerdo de
inicio del «expediente que previene el artículo 6.º
del Decreto de 10 de Enero del corriente año 1937»,
en el que designa juez instructor, al que adjunta «el
expediente que contra dicho señor se instruyó por
el Juzgado Militar Especial (…) así como cuantos
documentos a dicho señor hacen referencia», indicándole
que «si al examinar las medidas ya adoptadas
considera deben ser mantenidas por disponerlo
así la ley debe ratificarlas expresamente».
c) Características formales: en el BOP se publica
el nuevo acuerdo de iniciación del expediente.
Sin embargo, para atenernos a la realidad y
huir de cuadros de clasificación meramente teóricos,
en el caso del fondo de la Comisión Provincial
de Incautación de Bienes de Orense debemos
considerar existente una única serie principal, la
de los expedientes formados al amparo del Decreto-ley
157. Dado que no nos consta que ninguno
de los expedientes incoados antes del 11 de enero
de 1937 llegase a término antes de la constitución
de la Comisión, puede considerarse dicho conjunto
de expedientes como una serie «truncada».
Estos expedientes se conciben en septiembre de
1936 como unidades documentales independientes,
destinadas a conformar en conjunto una serie
principal, pero las modificaciones introducidas
en enero de 1937 reforman sustancialmente el
procedimiento. Dichos expedientes inacabados
no fueron sobreseídos ni archivados, e incluso se
mantuvieron las medidas en ellos tomadas hasta
tanto no fueron ratificadas por el nuevo Juez
instructor [8], y por su trascendencia cada uno de
ellos fue incorporado a su respectivo expediente
«reiniciado» [9].
Para destacar todavía más esta fusión de procedimientos,
podemos comparar el destino de los
expedientes del Decreto 108 con los del Decretoley
157. Es cierto que algunos de estos acabaron
incorporados a los expedientes de responsabilidad
política que tienen su origen en la Ley de 9 de
febrero de 1939, pero a diferencia del Decreto 108,
el Decreto-ley 157 y su normativa de desarrollo sí
vieron completado su iter procesal en el conjunto
de 232 expedientes que hoy analizamos.
Finalizo esta reflexión con dos observaciones:
en primer lugar, lo que resulta «truncado» es la
serie, no los expedientes, ya que aunque las diligencias
en él adoptadas pierden su virtualidad
jurídica a causa de la suspensión («si al examinar
las medidas ya adoptadas considera deben
ser mantenidas por disponerlo así la ley debe
ratificarlas expresamente» – cabe interpretar que
mantienen sus efectos hasta tanto el nuevo procedimiento
persista en su tramitación sin proceder
a confirmarlas), la realidad es que el nuevo
Juez instructor Juan Herrera confirmó dichas
actuaciones en casi todos los casos. La segunda
observación, quizá más interesante, es que tengo
muy presente que es posible que en otras provincias
pudiese haber llegado a finalizarse un
expediente de incautación dentro del ámbito
temporal exclusivo del Decreto 108 y, por tanto,
puede haberse consolidado como principal la
correspondiente serie documental con todos sus
elementos: organismo productor, procedimiento
y tipología documental.
4.3. La tramitación de los expedientes de
incautación a partir de enero de 1937
Tanto los expedientes incoados a partir del Decreto-ley
157, como aquellos que fueron suspendidos,
y a los que ya nos hemos referido en lo que
respecta a su tramitación previa a enero de 1937,
incluyen un esquema básico que consta del acuerdo
de la Comisión Provincial sobre incoación del
procedimiento y nombramiento de juez instructor,
y la incorporación al expediente del BOP de
publicación, así como la providencia del Juez sobre
la recepción del expediente y el nombramiento
del Secretario. A continuación pueden aparecer
en diferente orden el decreto de embargo, la citación
a declarar del afectado y testigos, así como la
petición de informe a la policía, la Guardia Civil,
la F.E.T., etc., acerca de la situación económica, los
bienes y personas a cargo del expedientado. Asimismo,
se pide confirmación a los Juzgados Militares
de la plaza acerca de la existencia o no de
procedimiento criminal contra el expedientado,
y el correspondiente testimonio del fallo en caso
afirmativo.
Las declaraciones versan sobre que el encartado:
a) Hubiese ostentado algún cargo público, rea-