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B O L E T Í N I N F O R M A T I V O N º 1 9 J U N I O 2 0 1 1 11
voluntariamente. Las preguntas formuladas eran
si conocían al encartado, si les constaba que militaba
en partidos de izquierda, concretando su
filiación, así como si estaban enterados de su comportamiento
social y político. Un segundo tipo
de preguntas indagaban acerca de los bienes que
pudiese tener el encartado, en qué consistían y en
donde radicaban, así como el consabido «Si tiene
algo más que añadir a lo manifestado». Firmaban
la declaración el Juez, el Secretario y el propio declarante.
Tras todas estas averiguaciones, es habitual
que se incluya la decisión de embargo preventivo
de inmuebles o negocios si no se había hecho antes,
o que se soliciten nuevos certificados a otras
entidades y autoridades en caso de haberse tomado
conocimiento de nuevos bienes del encartado.
Estos trámites discurren en los expedientes entre
el 25 de diciembre de 1936, fecha de la orden
de proceder del primero de ellos, y el 19 de enero
de 1937, fecha en la que el Juez Saavedra declara
mediante las respectivas providencias la suspensión
de dichos expedientes y su consiguiente remisión
al Gobierno Militar en cumplimiento de lo
ordenado por esta autoridad militar el 16 de enero
de 1937, a su vez en aplicación del art. 3.º de la
Orden de 10 de enero de 1937 que acababa de ser
publicada el día 11 junto con el Decreto-ley 157 de
la misma fecha.
A partir de ese momento se hace responsable
de los expedientes ya iniciados la recién creada
Comisión Provincial de Incautación de Bienes
de Orense, cuya composición no se publica hasta
unos días después de estas suspensiones. Finalmente
forman la Comisión Provincial de Incautación
de Bienes de Orense el magistrado Luis Aller
Ulloa, el Abogado del Estado Celso de la Torre
Moreira (ambos designados en la Orden de 26 de
enero de 1937, BOE de 28 de enero de 1937) y los
sucesivos Gobernadores Civiles como Presidentes,
Manuel Quiroga Macía (hasta el 23 de abril de
1938) y Enrique Rodríguez Lafuente (hasta la disolución
de la Comisión), brevemente sustituido
por Luis Villamata Emanuele.
Firma de los componentes iniciales de la Comisión de
Incautación de Bienes de Orense.
A la izquierda, edicto de publicación en el BOP de Orense
del expediente de incautación de bienes contra Juan Antonio
Ramajo Hernández, por disposición del Juez Militar Especial.
1936-12-30. A la derecha, parte final de un edicto, y principio
del siguiente, publicando en el BOP la iniciación de expedientes
de responsabilidad civil al amparo del art. 6º del Decreto-ley
157, por disposición del Gobernador Civil-Presidente de la
Comisión de Incautación de Bienes de Orense. 1937-02-23
(AIMNO//05.01429.001).
No es hasta 22 de febrero de 1937 cuando la
Comisión continúa la tramitación de los procedimientos
que habían sido iniciados en aplicación
del Decreto 108, por un lado, con un nuevo acuerdo
de iniciación de expediente de responsabilidad
civil contra las personas que ya estaban encartadas
ante el Juez Militar Especial, y por otro mediante
una nueva publicación del mismo en el BOP [7].
4.2. Una serie documental truncada
Llegados a este punto, parece inevitable afirmar
que no existe una sola tipología documental de expedientes
de incautación de bienes, sino dos bien
diferenciadas, si tenemos en cuenta las siguientes
características contrapuestas:
a) Características competenciales: el Decretoley
157 posibilitaba la designación de un Juez militar
como Juez instructor (por lo que podría haber
seguido actuando el capitán Saavedra), pero
la Comisión Provincial de Incautación de Bienes
de Orense optó por nombrar como tal a Juan Herrera
Reyes, Juez de Primera Instancia del partido
judicial de Celanova. Y lo que es más importante,
aunque la decisión final corresponde a las autori-