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B O L E T Í N I N F O R M A T I V O N º 1 9 J U N I O 2 0 1 1
a) 30 días a partir del siguiente a la ocupación
de los bienes en caso de que la persona interesada
se hallase en dicha fecha en territorio «liberado».
b) 30 días a partir del siguiente a la liberación
del territorio de que se trate en caso de que la persona
interesada se hallase en la fecha de ocupación
de los bienes en territorio «no liberado».
c) 45 días a partir del siguiente a la ocupación
de los bienes en caso de que la persona interesada
se hallase en una nación europea.
d) 60 días a partir del siguiente a la ocupación
de los bienes en caso de que la persona interesada
se hallase en dicha fecha en cualquier otro país
extranjero.
4. Los expedientes de incautación
de bienes de la Comisión Provincial
de Incautación de Bienes de Orense
La serie documental producto de las actividades
de la CPIB de Orense viene a reflejar, como
no puede ser de otro modo, el conjunto normativo
anteriormente expuesto, y las diferencias de
competencia y procedimentales que se han hecho
notar entre el Decreto 108 y el Decreto-ley 157. Teniendo
esto muy presente, considero que existe
una única tipología documental, lo que se justificará
en el momento correspondiente. En éste y
otros aspectos, el análisis de la documentación ha
aportado argumentos imprescindibles que van
más allá de las previsiones normativas más generales,
incluso de las que fueron publicadas en
respuesta a dificultades concretas surgidas en la
aplicación del Decreto-ley 157 y la Orden de 10 de
enero de 1937.
4.1. Los expedientes de incautación incoados
antes de enero de 1937
Los expedientes iniciados entre septiembre de
1936 y enero de 1937 siguen básicamente el Decreto
108, completado por el Bando del Gobernador
Militar de la Provincia y Plaza de Orense
de 10 de diciembre de 1936, publicado en el BOP
del día 14.
A todos los expedientes de incautación de bienes
incoados, bien en aplicación del Decreto 108,
bien en aplicación del Decreto-ley 157, se les asigna
un número correlativo, del 1 [4] en adelante, en
el momento de apertura de las actuaciones, con
independencia de que el expediente se inicie en
1936 [5], 1937 o 1938 [6].
Los expedientes anteriores del 11 de enero de
1937 se inician mediante orden de proceder del
Gobernador Militar en la que nombra Juez Instructor
al capitán Eduardo Saavedra como Juez
Militar Especial, que procede a hacer constar la
unión de antecedentes. Sigue la diligencia sobre la
orden de publicación en el BOP, en cumplimiento
del art. 3.º del bando citado, conteniendo el texto a
publicar y nota del Secretario de haberse remitido
al Gobierno Civil. Un ejemplar del BOP de publicación
de la iniciación del procedimiento se une
al expediente, enmarcándose la cédula correspondiente
al encartado en líneas azules, subrayándose
su nombre con lápiz rojo. La nota publicada
mencionaba al encartado y su vecindad y el lugar
donde se llevarían a cabo las actuaciones, en este
caso, el Palacio Provincial, segundo piso.
Continúa el expediente con varias disposiciones
judiciales encaminadas a 1) determinar los
bienes propiedad del encartado, y 2) garantizar
la disposición de los mismos en caso de decidirse
finalmente su responsabilidad civil. Para ello el
Juez requiere a las entidades bancarias y al presidente
de la Diputación Provincial, respecto la
Caja Provincial de Ahorros, para que informen
sobre cuentas o depósitos de valores a nombre del
encartado, así como al presidente de la Comisión
Gestora de Orense y al primer Jefe de la Comandancia
de la Guardia Civil de la provincia para
que emitan informe sobre el encartado (apartados
A y B, y C respectivamente, del art. 2.º del bando).
A continuación se incluye providencia de oficio al
Delegado de Hacienda de la capital interesando
certificado de tributación del encartado por todos
los conceptos, y otra de mandato al Registrador
de la Propiedad sobre certificado de los bienes a
su nombre, incluyendo aquellos que tenía hasta el
19 de julio de 1936 (fecha marcada en el art. 7.º del
Decreto 108) si hubiesen sido traspasados desde
dicha fecha. A las entidades bancarias que contestan
afirmativamente se les ordena que inmovilicen
y constituyan depósito de cuentas corrientes, obligaciones,
etc., «a resultas de la responsabilidad
que pueda derivarse de la tramitación». Los duplicados
de los mandamientos, con el «enterado»,
se unen a los antecedentes. Una vez remitidos por
las autoridades y entidades, estos certificados son
unidos al expediente.
La instrucción del expediente continúa con las
declaraciones de diversos personajes como miembros
de la Gestora Municipal, falangistas, simples
vecinos, etc., que comparecen a citación del Juez o