Año 9, t. 11, 5a. entrega (1901) - Publicaciones Periódicas del ...

806 Anales de la Universidad
sus derechos, de seguro que lo más distinguido de la ])rofesión se
apresurará á formar parte de ese cuerpo, y en ello ganarán: primero,
la Administración de Justicia, porque los Tribunales serán servidos
por profesores ilustrados, de talento y aplicación, que ejercerán su cometido
con lucidez, prontitud y probidad, haciendo los reglamentos
imposibles los vicios que fácilmente pueden introducirse en esa prác'
tica con el desorden y caos que hoy reina, y las disposiciones tiránicas
y despóticas de que hoy son víctimas no pocos profesores, por parte
de los Jueces que los. emplean; segundo, la profesión, porque se
abrirá á los jóvenes que salen del Templo de Esculapio una nueva
senda por donde puede alcanzars3 una posición social tan ventajosa
como la primera del arte, y se cultivarán con más ahinco todas aquellas
ramas científicas, que la medicina legal exige para ejercerla con
la brillantez reclamada por la naturaleza de sus cuestionéis.
Por el artículo 258 del Código de Instrucción Criminal de la República
Oriental del Uruguaj^, los Médicos de Policía están obligados á
expedir informes cuando se trate de heridas ó muerte violenta, siendo
requerido; por las autoridades competentes.
Como se ve, en virtud de la expresada ley, sólo á requisición ó del
Juez competente ó de la Jefatura Política, deben y pueden los Médicos
de Policía informar en los casos de lesión ó muerte violenta que
ocurran.
Este trámite de la requisición ha hecho morosa é ineficaz más de
una vez la intervención del médico para el esclarecimiento de las
causas del suceso llamado á ser juzgado legalmente. Nosotros quejemos
que la simple noticia oficial que le dé el Juzgado ó la Policía, de
la comisión de un delito, imponga la obligación al Médico Forense de
trasladarse inmediatamente al lugar del suceso ó al sitio donde fueren
indispensables los servicios de su cargo.
El auxilio de otros médicos á los forenses, ya sea que éstos lo soliciten
al Juez ó lo presten aquéllos por mandato judicial oficioso,
debe ser ineludible, atento á la naturaleza del encargo y á la importancia
de los intereses públicos comprometidos en la averiguación y
castigo de los delitos. Así lo requiere el orden social.
El sacrificio que se impone deba no obstante tener su merecida
compensación, que graduará el Juez según el resultado y mérito del
servicio prestado.
¿ Quién pagará ese servicio? Si el sentenciado y condenado por delito
tiene bienes, es justo que él pague; sino, cumplirá el Estado con
hacerlo desde que se trata de hacer efectiva y garantir la conservación
de la sociedad cuya tutela ejerce.
Si hubiere de prescindirse de otras consideraciones, lógicamente debiera
haber por lo menos un Médico Forense al servicio de cada Juez
de Instrucción. Pero, como esto es y será imposible por largos tiem-