Año 9, t. 11, 5a. entrega (1901) - Publicaciones Periódicas del ...

Anales de la Universidad 775
buena administración, y es por lo mismo un principio incondicionalmente
necesario de la vida del Estado."
Y bien : si eso puede hacer la Administración oficiosamente,
con tanta ó más razón deberá poder hacerlo á petición de
parte, de manera que lejos de haber motivo para establecer
un plazo más ó menos breve pero fatal para la deducción
de los reclamos, lo habría más bien para que éstos puedan
Ser deducidos en cualquier tiempo, con tal de que la Administración
no tenga responsabilidad alguna en ios perjuicios
que haya ocasionado á los particulares la demora en que
hubiesen incurrido, según lo explicaremos al hablar de los
efectos de las providencias resolutorias.
Pero, si por lo que acabamos de decir, el reclamo podrá
ser interpuesto en cualquier tiempo, la fijación de plazos para
continuar la gestión una vez iniciada, es de todo punto indispensable,
lo es tratándose de los plazos para la Administración
y sus agentes, porque los términos respecto de aquélla
y éstos, son una garantía para los reclamantes; y lo es
también respecto de estos últimos, porque aún cuando en ese
caso los términos legales tengan menos importancia que en
el otro, deben igualmente ser fijos, porque lo ordenado y con
veniente para la Administración, es que los reclamos se terminen
en el tiempo indispensable para su tramitación, en vez
de que los particulares tengan derecho de interponerlos para
abandonarlos después ó continuarlos cómo y cuándo les parezca.
A este respecto los Reglamentos españoles hechos en cumplimiento
de la ya citada ley del 89, llegan hasta establecer
la caducidad de los expedientes que iniciados por acción
privada, quedasen paralizados durante cierto tiempo por culpa
de sus iniciadores, siendo aplicables al caso los principios
del derecho procesal común; lo que quiere decir que la
caducidad importará la renuncia completa de la acción deducida
y por consecuencia la imposibilidad de entablarla
nuevamente.
Ya dijimos anteriormente que el silencio de la Administración,
debe ser equiparado á una decisión negativa, á un