Año 9, t. 11, 5a. entrega (1901) - Publicaciones Periódicas del ...

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Anales de la Vmrer.sidad
ticu'ares, en nada perjudica la independencia relativa ó sea
el poder no arbitrario sino discrecional de que la Administración
dispone en ciertos casos ; de donde resulta que tampoco tiene
valor contra ella la objeción dciMantellini, quien expresando
en otros término.^ la misma que acabamos de ver formulada
por Gianquinto dice que " no se codifica la técnica ni la prudencia,
y no puede el arte de gobernar y de administrar
bien encerrar en un digesto sus preceptos propios". Esta
afirmación no es exacta ni aún con respecto á las disposiciones
de fondo, pues son muchas las leyes de carácter administrativo
que conteniendo normas precisas de conducta^
no hacen sino aplicar esa técnica, esa prudencia, esos principios
de buen gobierno á que se refiere el ihstre autor. Pero
de todos modos el derecho forinal está completamente fuera
de todo alcance que quiera darse á la objeción, en lo que
se relaciona con las disposiciones de fondo.
Tampoco es más fundada la segunda objeción. Se dice
que con un procedimiento semejante al judicial se reproduciría
la forma de lo contencioso administrativo que tanto se
ha deseado abolir. Esta observación es realmente curiosa. Se
invoca la abolición de lo contencioso administrativo en favor
de una tesis que es precisamente contraria á los propósitos
que indujeron al legislador italiano á establecer aquella
importante reforma. Se sabe, en efecto, que la célebre ley
de 20 de Marzo de 1865 al establecer el recurso judicial
contra los actos de la Administración lesivos de derechos ad
quiridos, tuvo por objeto acordar las necesarias garantías al
derecho y la libertad de los particulares. Y sin embargo se
invoca la misma ley para privar á esos mismos particulares
de la garantía que les ofrecería el procedimiento fijo en
materia administrativa discrecional. Lejos, pues, de haber inconveniente
en que se restablezca en ese caso la forma de lo
contencioso administrativo, es natural que así se haga, preci
sámente por razones análogas á las que motivaron su abolición
en el otro caso.
La tercera objeción también es infundada porque como lo
observa muy bien Orlando, supone que debe procederse de