Año 9, t. 11, 5a. entrega (1901) - Publicaciones Periódicas del ...

Általes de la Universidad 759
Eliminada toda intervención judicial, la garantía debe buscarse
en la vía puramente administrativa, y en este caso • puede
establecerse en dos formas distintas, ya dentro de la propia
Administración activa recurriendo en revisión ante la misma
autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, ó apelando
ante la autoridad superior si la hubiera, ó recurriendo ante
órganos especiales que aunque también de carácter administrativo
tengan por misión especial entender en aquella clase
de reclamos, á manara de tribunales, temperamento este que
es el adoptado por las leyes italianas de 2 de Junio de 1889
y 1.° de Mayo de 1890 que respectivamente establecieron los
recursos para ante el Consejo de Estado y las Juntas Provinciales,
según sean los asuntos del resorte de la Administración
superior ó de la competencia de las autoridades provinciales
ó comunales.
Seguramente esa segunda solución sería la más perfecta;
pero es evidente que por ahora ella no sería viable entre
nosotros.
Desde luego se opondrían á ella muy atendibles razones
de orden financiero las cuales no permitirían adoptar organización
alguna que demandase nuevas erogaciones, y lo que
es más, erogaciones de cierta importancia como serían las que
exigiría la creación de los Tribunales ó Consejos á que
nos hemos referido, en todos los departamentos en que está
dividida la República.
En segundo lugar y por lo que á los departamentos se
refiere, la Constitución establece que el Gobierno y la Administración
de ellos estará á cargo de los Jefes Políticos
como delegados departamentales del Poder Ejecutivo en lo
gubernativo, y de las Juntas Económico-Administrativas como
órganos directamente emanados de las comunidades locales.
Dado ese antecedente no sería posible constituir nuevos órganos
de carácter puramente local y con funciones administrativas
como serían las autoridades que intervendrían en los
reclamos de que fi*atamos. Lo único que á nuestro juicio podría
constitucionalmente hacerse sería crear órganos locales
especiales emanados del Poder Ejecutivo, y que intervendrían