Año 9, t. 11, 5a. entrega (1901) - Publicaciones Periódicas del ...

Anales de la Universidad 755
clase de relaciones en las que se resume casi todo el derecho
administrativo son mejor definidas ó más definibles que
ias de derecho privado? Tampoco puede decirse que en la
determinación del limite jurídico de las relaciones entre particulares
no sp viola el principio de la división de los Poderes,
mientras que se viola en el caso de las relaciones jurídicas
entre los parciculares y la Administración".
En nuestro concepto es enteramente inexacta la doctrina
contenida en el párrafo que acabamos de transcribir.
Sin duda alguna, el legislador no puede establecer, de una
manera expresa, todos los derechos habidos y por haberpiero
de ahí no resulta que en su silencio estén los jaeces
llamados á sustituirlo. El magistrado judicial no hace en esos
casos sino llenar el vacío de la ley, interpretando la voluntad
del legislador cuando éste no ha hablado expresamente, interpretación
que hace por los medios que la misma ley le ha
indicado. El legislador le dice que, en los casos de silencio,
su voluntad está expresada por lo dispuesto en leyes análogas
ó por los principios generales de derecho ó las doctrinas
más recibidas; el legislador le advierte que esa sería
su voluntad si hubiese hablado en el caso, y con arreglo á
ella es que deben proceder los jueces.
De manera, pues, que los magistrados judiciales, lejos de usurpar
funciones legislativas, no hacen sino ejercitar sumisión de
interpretar la ley y aplicarla al caso sometido á su decisión. No
es exacto, por consiguiente, que se permita en esos casos al
Poder Judicial invadir las funciones legislativas, y se quiera
en el olro impedir que invada las funciones administrativas
dando así al Poder Administrador garantías que no se dan
al Legislativo.
Pero, se replicará, ¿por qué en las cuestiones por abuso
de poder no les ha de ser dado á los jueces interpretar también
la voluntad del legislador por medio de los principios
de interés público que habrían sido la norma de derecho á
la cual habría debido ajustar sus actos la Administración en
el caso reclamado? Sencillamente'porque tratándose de actos^
de poder discrecional, la apreciación del interés público es