Año 9, t. 11, 5a. entrega (1901) - Publicaciones Periódicas del ...

754 Anales de la Universidad
diferencia establecida para la protección de los particulares
en uno y otro caso.
Hay sin embargo una diferencia muy fundamental entre
la violación procedente de exceso y la originada por abuso
de poder. En el primer caso para saber si ha sido violado
un derecho ó si por el contrario la Administración ha procedido
dentro de sus facultades, basta con aplicar la ley al
hecho producido ó al acto reclamado, lo que corresponde
perfectamente á la función judicial; mientras que en el segundo
para llegar á aquel resultado es necesario averiguar
si el acto reclamado es ó no conveniente á los intereses generales
de que la Admiaistración debe cuidar. Ahora bien :
¿ es posible que el Poder Judicial entre en esas averiguaciones,
se pronuncie sobre tal conveniencia sin invadir las
atribuciones de la Administración, y sin destruir por lo tanto
el principio constitucional de la división de los Poderes ?
¿No hay en esa circunstancia UQ motivo poderoso para establecer
una diferencia jurisdiccional entre la violación por
exceso y la violación por abuso de poder?
Sin embargo, sosteniendo la tesis contraria dice el tratadista
antes citado: " Cuando la ley no quiere ó no puede
definir el derecho, debe suplirla el magistrado, y por consiguiente
en las controversias en que éste es llamado á ejer.
citar su jurisdicción no se le deben poner barreras insuperables
con el especioso pretexto de que se ha de conservar
inviolado el principio de la división de los Poderes. Es extraño
de veras que se invoque ese principio en favor del Poder
Ejecutivo y no se invoque respecto del Poder Legisla
tivo. ¿ Por qué, preguntamos nosotros, en las relaciones de
simple orden privado, el juez recurriendo á los principios generales
de derecho y al temperamento de equidad puede definir
un derecho que el legislador no ha querido ó no ha
podido definirlo, y en las relaciones entre los particulares y
la Administración se le niega tal facultad ?.. ¿ Acaso el Código
Civil al acordarle tal facultad distingue las relaciones
jurídicas entre particulares y las relaciones entre personas
privadas y la Administración Pública ? ¿ Acaso esa segunda