Año 9, t. 11, 5a. entrega (1901) - Publicaciones Periódicas del ...

Anales de la Universidad 745
existe otro, en cuyo caso es éste el que debe hacerse valer,
teoría esa que unos como Laferriére la sostienen alegando
que de lo contrario todas las cuestiones sobre ilegalidad de
los actos administrativos podrían ser objeto de aquel recurso
que absorbería así á todos los demás, y que otros como
Jacquelín combaten fundándose en que estableciendo la ley
dos recursos no se puede desechar uno á título de que
existe otro, tanto más cuanto que tienen alcance diferente
como sucede en el caso, pues el recurso por exceso de poder
produce efecto erga omnes mientras que los otros son de al •
canee puramente individual.
Es cierto que. algunos autores como Aucoc, reconociendo
sinceramente esas contradicciones que se observan tanto en la
doctrina como en la jurisprudencia francesas, tratan de explicarla
por el hecho de no ser el recurso á que nos referimos
de carácter legal, sino simplemente pretoriano. Pero la
verdad de las cosas es que todas aquellas complicaciones y
contradicciones se habrían evitado si no se hubiese incurrido
en la primera, por la cual, á título de defender la libre acción
de la autoridad administrativa, se limita el recurso contencioso
ordinario á los reclamos contra los actos de gestión,
y se deja al recurso por exceso de poder los reclamos
contra los actos de autoridad, produciéndose así una contradicción
tan inútil que en muchos casos eí Consejo de
Estado que como Tribunal de lo contencioso no podía intervenir,
intervenía en el mismo asunto y en la misma cues '
tión como tribunal del recurso por exceso de poder. Es cierto
que en ese caso el tribunal tiene unas facultades y en el segundo
tiene otras, pues el recurso contencioso ordinario es
de revisión, mientras que el de exceso de poder es tan sólo
de anulación, pero si esto una vez admitido puede explicar
la duplicidad de los recursos, es en sí mismo completamente
inadmisible; lo es en el sistema francés porque siendo los
tribunales administrativos, no hay peligro de que su intervención
en una forma ó en otra ataque en ningún caso la
división de los Poderes; y lo es en el sistema judicial desde
que estando la intervención de los jueces limitada á juzgar