Año 9, t. 11, 5a. entrega (1901) - Publicaciones Periódicas del ...

Anales de la Universidad 943
Actuarios, están sujetos á un sueldo, ¡ triste sueldo !, y estos otros disfrutan
de pingües rentas, y lo que es más, de rentas muchas veces arbitrarias
? ¿ Podría acaso, en otro supuesto, resentirse el curso regular
de los asuntos en las oficinas actuarías por falta de estímulo ? No nos
parece, si como debe ser, se hacen efectivas las responsabilidades de la
ley sobre los Actuarios omisos y negligentes. ¿Cómo es que no se hace
tal objeción respecto de los jueces? ¿ Cumplen éstos ó no cumplen con
el deber de despachar regularmente los asuntos de su competencia?
A-la inversa, ¿ quién no ve que el sistema de las costas de actuaciones
tiene el privilegio de interesar desigualmente álos Actuarios en el
trámite de asuntos que les ofrezcan diversas probabilidades de lucro? No
es un misterio que por regla general los litigios de pobres ó que ventilan
las partes con auxiliatoria de pobreza, son atendidos con indiferencia
por los Actuarios y sus subalternos, en cambio de desplegar estos funcionarios
gran actividad en asuntos de índole gananciosa.
La justicia se administrad la par que en nombre de los intereses privados
de los litigantes, en nombre de los intereses permanentes de la
colectividad: el bien público, el orden social, reposan en el bien particular,
en la tranquilidad individual.
Con la justicia que se hace á un individuo sale ganando el pueblo
entero; y así como no es razonable que costee el pueblo solo los beneficios
que reporte conjuntamente el individuo, tampoco lo es que costee
solo éste último los beneficios que reporte aquél.
El que más beneficio directo logre de la administración judicial, ese
deberá maj^or compensación al Estado que se lo depara; y la forma de
compensación debe ser directa del particular al Estado, y no puede
ser de otra especie que un impuesto.
De todo lo dicho se deduce, que en nuestro modo de pensar, los jueces
y demás funcionarios del Poder Judicial deben ser pagos á sueldo,
por Presupuesto, con las rentas generales, á las cuales sería aplicado
un pequeño ijnpuesto de diligencias, que deberían pagar los litigantes
en proporción de la importancia de los asuntos, salvo que fuesen
pobres declarados y mientras no se hiciesen ricos.
Art. 250—Los Actuarios darán cuenta puntualmente
al Juez, de las causas paralizadas; conceptuándose tales las
que no tramitan sin razón alguna durante tres meses.
Por la omisión en que al respecto incurran, serán penados
con multa de 50 pesos, suspensión ó destitución, según
la gravedad del caso.