Año 9, t. 11, 5a. entrega (1901) - Publicaciones Periódicas del ...

930 Anales de la Universidad
y que llegando á ser demasiado gravosa hubo de darse, por fin, como
plaza ó empleo. Las leyes españolas siempre han querido que se confiriese
el oficio de Actuario, como el de Escribano en general, á hombres
libres y de buena reputación.
Cuando vacare el cargo de Actuario titular de un Juzgado de lo penal,
el Juez respectivo elevará al Superior Tribunal Pleno una terna
de Escribanos que le merezcan confianza por su idoneidad, fidelidad
y ciencia. El Superior optará por el que le parezca mejor de los tres.
Este durará en el puesto, tanto como su buena conducta, su buen desempeño
y probidad. Por consiguiente, este cargo será inamovible. En
la práctica, y por acordadas de nuestros Tribunales Superiores de Justicia,
los Actuarios actuales han venido siendo inamovibles, no obstante
el texto claro del artículo 184 del Código de Procedimiento Civil,
que los declaran amovibles.
La amovilidad, consiste por esta ley, en que cada Juez puede proponer
á voluntad el nombramiento de su Actuario al Superior Tribuíial
Pleno, quien le nombrará, sin que obste el buen comportamiento
del existente; precisamente, la calidad de amovible tiene de
particular que en nada debe entrar este factor en la consideración del
Juez, sino el arbitrio. Pero, el Excmo. Superior Tribunal Pleno, justamente
ha reconocido la falta de equidad de semejante disposición y
los inconvenientes que ofrece, entre los cuales no es el menor que difícilmente
pueden encontrarse Escribanos idóneos y honrados que
abandonen su modo profesional de vivir y se trasladen (ion sus familias
á Departamentos lejanos, fuera del centro de sus recursos preestablecidos,
á servir un puesto que se tornaría más inestimable que lo que
la ley ha querido hacerlo.
Las funciones de todo Actuario son numerosas y complexas. Comunmente,
cuando tramitan muchos asuntos en un mismo Juzgado,
un solo Actuario no alcanza á llenar satisfactoriamente las apremiantes
exigencias del empleo; por esto es que las leyes vienen autorizando
de tiempo antiguo la institución de Actuarios ó Escribanos adscriptos
y de diligencias, que los titulares pueden nombrar en número necesario,
con aprobación del Juez, para que los auxilien, bajo responsabilidad
solidaria respecto de los particulares y de la ley, y sin perjuicio
de la que tengan recíprocamente dichos Escribanos entre sí.
Como el nombramiento de adscriptos es de circunstancias y lo hacen
los Actuarios titulares, bajo su responsabilidad, de ahí que pueda hacerse
su remoción por los mismos titulares, con simple noticia del Juez
si bien convendrá que no se haga en perjuicio del mejor y más puntual
servicio público.
Art. 232—Los Escribanos Actuarios deberán autorizar
todas las sentencias, los decretos ó providencias del Juz-