Año 9, t. 11, 5a. entrega (1901) - Publicaciones Periódicas del ...

730 Alíales de la Universidad
ley ha querido proteger de una manera especialmente eficaz,
haciéndolas objeto de un derecho. De lo contrario estaríamos
en el régimen antiguo que desconociendo la dignidad y
los derechos de la personalidad humana, levantaba las sociedades
sobre la ruina de los individuos, y en que el ciudadano
desaparecía completamente ante el Estado.
Por eso Komagnosi formuló con todo acierto como una de
las leyes fundamentales de Derecho Administrativo, la siguiente:
"Obtener la mayor prosperidad y seguridad, pública
y común, interna y externa, que fuesen posibles, salvo
el ejercicio inviolado de la propiedad y libertad individuales;
y en caso de conflicto de la cosa pública con la privada,
hacer prevalecer la primera con el mínimo sacrificio
de la segunda".
En resumen: hay dos derechos fundamentales que la ley
debe proteger frente á los actos de la Administración; el
derecho á que el acto que limita la libertad y el patrimonio
del individuo sea legítimo, esto es, no viciado por incompetencia,
por violación de las leyes de forma, ni de las leyes
de fondo (exceso de poder); y el derecho á que los actos
de poder administrativo discrecional, ajustándose al bien común,
no impongan á la libertad y al patrimonio individual
más limitaciones que las que aquel mismo bien exija, en lo
cual consiste lo que en el tecnicismo jurídico italiano se
llama el mérito ó la justicia del acto administrativo, y sin lo
cual este último degenera en abuso de poder.
La legitimidad del acto da origen á casos de derecho
puesto que el particular puede exigir entonces que la acción
administrativa se produzca en una forma ó sentido determinado;
mientras que el mérito ó la justicia del acto sólo
puede ocasionar un caso de interés en cuanto siendo privativo
de la Administración el apreciar la oportunidad ó conveniencia
del acto de que se trata, el reclamante, aunque facultado
para aducir las razones por las cuales considere que
el perjuicio que se le impone no responde á ninguna conveniencia
pública, carece sin embargo de acción para exigir
un acto ó prestación determinada.