Año 9, t. 11, 5a. entrega (1901) - Publicaciones Periódicas del ...

Anales de la Universidad 907
El nombramiento de los individuos que han de componer los Tribunales
Superiores de lo penal, se habrá de hacer en la República, de
conformidad á lo dispuesto en los artículos 100 y 103 de la Constitución,
debiendo aquéllos ser ciudadanos naturales ó legales y con cuatro
años de ejercicio de la profesión de Abogado. '
Aún cuando por leyes especiales, los Tribunales de Justicia en ejercicio
desempeñan funciones de Alta Corte, creemos que no deben ejercerla
hasta el punto de nombrar los miembros de los Tribunales de
cuya creación hablamos por incidencia.
Su nombramiento debe hacerse en la misma forma que el de sus colegas;
del otro modo sería hacerlos depender por consideraciones de
carácter personal; lo que sería contrario á todo plan de organización
judiciaria que debe basarse en la más absoluta independencia de criterio
entre magistrados. El Senado, por el mayor número de sus miembros,
unido á la idoneidad y á lo amovible del cargo, imbuido en un orden
funcional completamente distinto, está más indicado para efectuar
los expresados nombramientos sin el peligro de influencias ulteriores;
para que la igualdad jerárquica no se resienta, es forzosa la comunidad
de origen y dependencia.
Los Ministros de los Tribunales Superiores de lo penal, en caso de
fundarse, deberán ser mayores de 30 años de edad. La Constitución
no dice nada sobre la edad competente para ser Ministro de los actuales:
sólo señala el mínimum de 40 años de edad para poder ser miembro
de la Alta Corte. La ley procesal, tratando de los Jueces en general,
señala el mínimum de 25 años como edad competente para poder
serlo. Conceptuamos corta relativamente esa edad tratándose de
camaristas, que deben ser de aspecto más grave y tener toda la fisonomía
de un hombre reposado, reflexivo, con pasiones dominables,
carácter más definido, maj''or serenidad, dominio superior de sí mismo
que, con rarísimas excepciones, es imposible entre hombres más jóvenes.
La edad mínima de los miembros de los Tribunales debe ser intermedia
con relación á la de los jueces inferiores y á la de los Ministros
de la Alta Corte.
La ley que asigna 25 años de edad mínima á los efectos de poder
ser juez, debe ser reformada en lo tocante á los miembros de los Tribunales
Superiores de lo Civil.
Art. 199—El nombramiento de esos Jueces será hecho
por los Tribunales de Apelaciones en Sala plena.
Art. 200—No podrán serlo: los menores de 25 años de
edad, los sordos, los mudos, los sordo-mudos, los ciegos, las
mujeres, los procesados y penados por delito, éstos últimos