Año 9, t. 11, 5a. entrega (1901) - Publicaciones Periódicas del ...

904 Anales de la Universidad
una desigualdad respecto de los beneficios derivados de la administración
de justicia penal, que necesariamente deben ser mayores en la Capital
que en el resto de la República; porque las funciones judiciales,
como cualquiera manifestación humana, se perfeccionan con la especialización
y buena organización.
La separación de la justicia civil, en general, de la justicia punitiva,
importará entre nosotros, si se realiza tal cual la proyectamos, un inmenso
progreso.
Ya lo hemos dicho al tratar de los Jueces de Instrucción: se ganará,
merced á ella, tiempo y perfección, acercándonos al ideal de la justicia
perfecta.
La descentralización judiciaria, aparte de esta ventaja de la división
del trabajo, importa un paso dado en nombre de la democracia.
¿Qué razón puede oponerse á estas que invocamos en apoyo de
nuestro proyecto de crear juzgados especialistas en lo penal, en toda
la República, en las cabezas de Departamento, al menos ?
Ninguna fundamental, ninguna grave.
Se dice y repite que semejante organización judiciaria aumentaría el
número de los gravámenes que pesan sobre el erario público. Esta es
la razón económica, la eterna cantinela de los que ni siquiera se dan
una idea de la grandeza é importancia de la judicatura, tan atrasada
entre nosotros, no obstante deber tener á su guarda los fundamentos
del orden social, de la familia y de la tranquilidad pública y privada;
en una palabra, la guarda de la misma libertad, que estriba en el ejercicio
armónico de todos los derechos individuales y políticos; siendo
así que la justicia represiva se dirige al restablecimiento de esta armonía
suspendida ó quebrantada por el delito.
En un país como el nuestro, con un presupuesto anual de cerca de
17 millones de pesos, calculado sobre los gastos que demanda la administración
general, incluso la pequeña partida que eroga nuestro actual
sistema judiciario, sería raquitismo imperdonable no votar una reforma
tan necesaria y útil como la propuesta y que hace tiempo se
viene proponiendo en forma parecida, á pretexto de no recargar esa
abultada y espantosa cuenta, proveniente, en gran parte, de derroches
y de servicios transitorios é innecesarios, con la suma de 80,000 ó
90,000 pesos, poco más ó menos. Si dedujéramos de aquella cantidad
lo superfino, lo vano, lo que no tiene verdadero valor ni da provecho
al país, estamos seguros que alcanzaría con sobras para cubrir la relativamente
ínfima que demandaría el organismo proyectado.
Ese argumento económico, jamás podrá considerarse propio de publicistas,
de hombres de estado; porque descuidar la administración
judicial, dejarla en la postración en que se encuentra, es dejarla vivir
en un fatal desprestigio, es perder la más eficaz garantía de la libertad,
es ser indolente con lo que en el sentir de Benjamín Constant,
es el primero de los intereses de una nación.