Año 9, t. 11, 5a. entrega (1901) - Publicaciones Periódicas del ...

Anales de la Universidad 889
á ese extremo sería subversiva de todo principio legal y de justicia ?
¿ quién negaría que merced á ella se habría consumado un mal mayor
que el que se quería evitar ? ¿ cómo no habría de desprestigiarse la administración
de justicia ?
Donde quiera que se haga estadística criminal ó, simples observaciones
sobre la relación que existe entre el número de prisiones preventivas
que se realizan anualmente y el de personas que son puestas en
libertad como generalmente inculpables, tendremos que el primero es,
con respecto al segundo como tres es á uno: la tercera parte de los
detenidos preventivamente es absuelta. Francia nos ofrece, por intermedio
de Ortolán, algunos cuadros comprobativos de esta verdad.
Véase, i)ues, cuánto menos injusto que la prisión preventiva de los
que componen esa tercera parte será que, previéndose su inculpabilidad,
sea decretada su excarcelación provisional; como así también
que ha de merecer menor pena que la que resultaría haber sufrido con
ocasión de su prisión preventiva.
Luego, pues, la excarcelación provisoria está basada en una razón
de humanidad y de evidente justicia, y por tanto, es de orden público
y debe ser preceptiva su concesión de parte de los jueces en cada caso
en que proceda, sin necesidad de querella; los jueces deben decretarla
de oficio. Hemos notado con extrañeza que muchos Códigos que
establecen la excarcelación provisional como una consideración al respeto
que se merece la libertad humana, no consagran esta consecuente
oficiosidad, y sí la facultad de conceder aquel beneficio, mediante solicitud
de parte. No es á título de simple favor que se quiera hacer al
procesado que se ha de decretar esa excarcelación; es á nombre del
interés social que existe en que nadie sea castigado con anterioridad á
su definitivo juzgamiento.
Pero dependiendo no sólo de este principio que dicha liberación se
realice también, de las garantías que ofrezca por su idoneidad y otros
valimientos el procesado, de ahí que no obstante decretarla el juez,
puede quedar sin efecto por no llenarse esas condiciones, co mo ser la
fianza ó la caución juratoria, en las que entra, en parte, la voluntad del
procesado. Pero si ellas faltan, entonces no podrá argüirse de la severidad
de la ley, porque esas condiciones son indispensables para
que aquella liberación no degenere fácilmente en un medio de burlar
la acción de la justicia.
Sin embargo, obtenida la fianza y prestada por el reo la caución juratoria,
no sería justo que la excarcelación se efectuase si dentro de
un breve término el representante de la sociedad ó el acusador público
en las causas que proceden de oficio, ó el particular agraviado en las
demás, se opusieran formalmente, interponiendo apelación que por la
naturaleza del incidente debe substanciarse con brevedad, y por tanto
es preferible se otorgue en relación y no en ambos efectos.