Año 9, t. 11, 5a. entrega (1901) - Publicaciones Periódicas del ...

724 Anales de la Universidad
en cuanto establece el recurso judicial, y en el segundo se
aparta también, pero entonces incurriendo, á nuestro juicio,
en un gravísimo error.
En el primer caso unas legislaciones, como la italiana,
establecen el recurso administratioo al Rey con audiencia del
Consejo de Estado; y otras, como la frsfncesa, establecen el
recurso contencioso por exceso de poder.
Como dice muy bien Grianquinto, la decisión sobre la validez
ó nulidad de un acto por observancia ó anulación de
la ley, es de naturaleza judicial, porque importa la aplicación
de la ley á un caso controvertido; es, por consiguiente,
un caso de justicia, sin que importe que la cuestión sea entre
una Comuna, una Provincia y la autoridad gubernativa;
es siempre cuestión de derecho y de ley, y cuando se trata
de determinar la competencia de la autoridad judiciaria
no se debe atender á las personas contendit^íites sino á la
naturaleza de la contienda. El artículo está, pues, en lo
cierto al establecer el recurso judicial, aunque á nuestro juicio
no lo está en cuanto hace de esa contienda un caso de
Alta Corte. En nuestro concepto debe seguirse aquí la regla
general, según la cual las resolucioues del Poder Ejecutivo
son reclaraables ante el Tribunal de lo Administrativo.
Si la cuestión no fuese de derecho, sino de interés, dice
el mismo artículo que será pasada á lá Asamblea General
para su resolución definitiva.
Ese temperamento podrá ser más ó menos aceptable en un
país de régimen parlamentario en que la Administración es dependiente
del Podeí Ejecutivo y en donde, por consecuencia, si
éste no modera su facultad de intervención puede llegar por ese
medio á absorber más ó menos por completo las funciones administrativas,
como ha sucedido, por ejemplo, en Francia, en
donde, como lo hace constar Gooduow, las preguntas, las interpelaciones
y censuras han menudeado en tales términos,
que el Poder Ejecutivo se ha visto completamente amedrentado
y paralizado, y la función fiscalizadora de las Cámaras,
que para la buena marcha del Gobierno debe ejercerse
con moderación, ha servido para privar á la Administración