Año 9, t. 11, 5a. entrega (1901) - Publicaciones Periódicas del ...

Anales da la Universidad 723
el Poder Ejecutivo pueda ejercer la intervención que se les
atribuye. " De oficio, ó á pedido del Juez Letrado, Agente
Fiscal ú otra autoridad, podrá suspender, etc." Descartemos
desde luego esta intervención que tan inoportunamente se da
á los magistrados judiciales y que no sólo es completamente
extraña á las funciones de éstos, sino que hasta podría inhabilitarlos
para ejercerlas. Es completamente impropio y no
se explica que el Agente Fiscal, que es un funcionario de orden
principalmente judicial, se convierta en controlador oficioso de
los actos de las Jnntas. Y por último, es necesario convenir en
que la suspensión de oficio por el Poder Ejecutivo ó á pedido
de alguna autoridad local, podría hacer de una eficacia y de
una oportunidad muy dudosas la intervención de aquel Poder,
desde que no estando las Juntas obligadas á comunicarle
sus resoluciones, podrán ser muchos los casos en que
los desaciertos legales ó económicos de las Juntas queden
sin la intervención del Poder Ejecutivo que el proyecto se
propone establecer.
Por eso, las legislaciones que establecen esa intervención
en el régimen de la tutela á que nos hemos referido, dispo
nen que las resoluciones de las autoridades locales deben
er comunicadas á los agentes del Gobierno encargados de
ejercer la tutela legal, ó sometidas á la aprobación de las
autoridades que deben ejercer la tutela económica.
Queda todavía otro punto importante á decidir. Las resoluciones
del Poder Ejecutivo pueden ser arbitrarias, ó erróneamente
dictadas con menoscabo de las legitimas facultades
de las Juntas. Justo es, pues, acordarles los medios
de defenderse contra tal peligro. El proyecto lo entiende
así, estando en eso de acuerdo con la generalidad de las
legislaciones sobre la materia; pero en lo que no lo está es
en los medios adoptados para conseguir el indicado fin. Tratándose
de la intervención legal establece que los decretos del
Ejecutivo serán apelables ante la Alta Corte, y ante la Asamblea
si se tratase de intervención económica. En el primer caso,
el proyecto se aparta de la generalidad de las legislaciones,
y es justo declarar que lo hace con acierto, por lo menos