Año 9, t. 11, 5a. entrega (1901) - Publicaciones Periódicas del ...

Anales de la Universidad 857
garantía justa, que, como dice Reus, si bien refrenará el uso de aquella
autorización por el deber que lleva consigo, es necesarísima á la
tranquilidad y bienestar del ciudadano.
Por cuanto el artículo 141 declara grave la responsabilidad del que
detiene, será equitativo qvie la justificación pueda hacerse con la mayor
amplitud, conciliable con la marcha regular del proceso á que el
supuesto delito ó falta dé lugar. Esta justificación es independiente
del proceso y no puede impedir que la detención se lleve á cabo. De
ahí las palabras «haber obrado» que se emplean en la redacción de aquel
artículo. Aquella disposición tiende á proporcionar al detenido los medios
de exigir una reparación debida á los perjuicios que le causara un
acto manifiestamente arbitrario, ejercido sin fundamento alguno racional
ni legal. La justificación sucederá á la detención y no anulará
los primeros efectos de ésta.
El derecho de detener, atribuido á los particulares, está basado en
la necesidad de la vindicta pública, en el interés social, de todos ;esto
excluye la detención por delitos de naturaleza privada, cuya persecución
la ley confía solamente á la acción del damnificado.
El sistema inquisitorio aplicado por los particulares, autorizado por
la ley, sería un motivo de desquicio é inmoralidad, sería más perjudicial
que cualquier otro delito Esta reflexión nos induce á establecer
en el número 1 o del artículo 140, que la detención sólo procederá
cuando el delito ó falta, ó la tentativa sean flagrantes.
Como la detención es un principio de seguridad del presunto reo, y
ésta debe tener lugar únicamente cuando haya de aplicarse pena de
prisión, penitenciaría, ó de muerte, conceptuamos lógico no autorizar á
nadie á que la verifique por delitos ó faltas que aparejan pena de otra
especie.
La detención en los casos previstos en el artículo 140 del Proyecto
es un derecho de los particulares, y por ello es facultatira; pero tratándose
de la detención que han de ejercer funcionarios de policía judiciaria,
llamada á auxiliar á los jueces, por su institución, ella se
hace obligatoria y debe extenderse, aparte de esos casos, en otros; por
ejemplo, cuando el presunto autor de un delito esté procesado ó sometido
á un procedimiento penal de oficio y no obstante se halle en libertad
sin el justificativo de su excarcelación provisional. La Policía
judiciaria debe por sus fines afianzar la acción de la justicia penal, y
es lógico que detenga á quien estando procesado se encuentra libre
bajo la presunción de haber burlado la prisión ó detención probablemente
decretada contra él, y quizás cumplida en parte.
Cuando el delito cometido, ó la falta, no den mérito á detención por
no hallarse comprendidos en los presupuestos del artículo 142, la autoridad
ó agente de Policía judiciaria tomará nota del nombre, apellido,
domicilio y demás señas bastantes para la averiguación é identificación
de la persona del presunto transgresor; y la guardará para ser en-