Año 9, t. 11, 5a. entrega (1901) - Publicaciones Periódicas del ...

856 Anales de la Universidad
litación. El inculpado de delito 6 falta que apareja pena de prisión,
penitenciaría ó muerte, si es visto in fraganti delito, ó trata de sustraerse
á la acción de la justicia, autoriza por lo mismo al magistrado
para asegurarse de su persona; lo mismo cuando ha sido citado y no
comparece y cuando no tiene residencia fija.
La detención se divide en el Proyecto de igual manera que en la
legislación española: en potestativa y obligatoria, respecto de la persona
que la ejecuta; á la primera corresponden los casos previstos en
el artículo 140 del Proyecto, y á la segunda los de los artículos 142 y
144. La enumeración de los del artículo 140 tiene por origen la necesidad
de la conservación del orden público, que á todos y á cada uno
de nosotros nos interesa: negar á los habitantes del país el ejercicio de
esa facultad, sería algo así como negarles el derecho de defensa contra
aquellos cuyos actos ponen ó pueden poner en peligro el goce de la
seguridad, de la propiedad y de la vida. De ningún modo podrá estar
mejor servido el derecho social sino cuando está á cargo de cada uno
de los asociados el cuidado y la vigilancia austera y reglada por la ley
sobre aquéllos que en mal hora cometen atentado ó eluden los efectos
de un proceso ó de una condenación justamente dictadas.
El derecho de contribuir á la acción de la justicia penal, lo mismo
encuentra su fundamento en los motivos de prisión que en los de detención,
porque al fugarse la persona comprendida en la orden que
acuerda una ú otra privación de libertad, verifica un acto de desobediencia
á la autoridad y trata de evitar las coasecuencias del procedimiento
criminal, en el que son parte más ó menos directa los individuos
todos de la sociedad, en cuya eficacia están tan interesados, como
que toca á la salvación común.
La autorización para detener podría convertirse en un arma de arbitrariedad,
cuyas consecuencias serían funestísimas, desde luego que
estuviese en manos de cualquiera, al servicio de odiosas pasiones, ruines
venganzas y caprichos, el más preciado de los derechos: el de la
libertad personal; siempre que la ley no la circunscribiese á los casos
en que haya motivos racionalmente suficientes que la justifiquen y no
impusiera la obligación de su justificación, al mismo tiempo que las
responsabilidades severas que tales actos atentatorios aparejarían por
razón natural ¿Quién tendría la seguridad de seguir sus destinos y
propósitos más puros si en todo momento estuviera expuesto á la interposición
aviesa é impune de un insensato? ¿Quién podría considerar
garantido el goce de su libertad? ¿No sería vana la proclamación
de principios hecha por la Constitución del Estado y por el mismo
Proyecto, si no hubiere sanción penal contra los que de ex profeso y
maléficamente los vulneran? He aquí por qué el artículo 141 establece
frente al derecho de detener, en nombre de la salud pública, el derecho
de exigir la justificación de la racionalidad de la detención, en
nombre de la libertad individual, debiendo prestarla el que detiene;