Año 9, t. 11, 5a. entrega (1901) - Publicaciones Periódicas del ...

Anales de la Universidad 829
bien su ventaja en que no habiendo éste tenido el tiempo y la tranquilidad
necesaria para meditar un sistema de defensa y prepararse en
el sentido de ocultar la verdad, facilita el medio de una fácil y sinceía
confesión.
Puede haber conveniencia para el esclarecimiento y la averiguación
de la verdad, en que el procesado preste más de una declaración, en
armonía con las exigencias del sumario, generalmente novedoso hasta
su conclusión; entonces, el Juez, de oficio deberá decretar cuantas declaraciones
fuesen útiles.
El representante del Ministerio Publico, ó el querellante particular,
pueden considerar útil alguna ó varias ampliaciones ó rectificaciones
de las declaraciones prestadas, y en ese caso, como no se lesionaría
ningún derecho legítimo del reo y por el contrario, los intereses legítimos
de la sociedad y el fin de la penalidad estarían mejor servidos,
esas partes pueden pedir al Juez que llame al reo á prestar nuevas
declaraciones y el Juez cumplirá con acceder al pedido, siempre que
por ello no se resienta la buena marcha del proceso. Estas nuevas declaraciones
pueden ó no ser oídas por el querellante particular en su
caso, según estime prudente el magistrado. Pero durante todas ellas
deberá estar asistido el procasado por su defensor; requisito éste imprescindible
según lo dispuesto en el artículo 114 de la Constitución
de la República Oriental del Uruguay. El Fiscal de lo Penal podrá
concurrir á esos actos, menos si se realizan en un proceso seguido á
querella privada; la presencia de esos funcionarios en aquellos casos
no es contraria á la razón ni á la justicia.
Cuando el Ministerio Público ó «1 querellante particular concurran
al acto del interrogatorio solicitado, tendrán facultad para decir al
Juez las preguntas que éste debe hacer al reo, ó sea, para proponer las
cuestiones sobre las cuales deberán interrogarle.
De muchos años acá ya es un postulado jurídico, inconcuso, que los
procesados no están obligados á declarar. La sociedad no tiene derecho
á exigir del hombre su propia condenación.
El procesado debe gozar la mayor libertad para confesarse culpable,
ó negar su delincuencia. Antiguamente se le exigía juramento de
decir verdad, y fué corriente el uso del tormento para arrancarle confesiones.
Hoy día semejantes procederes son universalmente desechados
por las legislaciones civilizadas. Cabe á las leyes de Aragón el
honor de la iniciativa al respecto.
Con el juramento se ponía á los reos presuntos en el duro trance
de faltar á la verdad cometiendo un perjurio, ó de que se declarasen
factores del delito denunciado. El artículo 111 de la Constitución
de la República Oriental del Uruguay proclama la abolición del juramento
de los acusados en sus declaraciones ó confesiones sobre
hecho propio, y la prohibición de que sean tratados en ellas como reos.
El Juez no falta á su deber de imparcialidad exhortando á la