Año 9, t. 11, 5a. entrega (1901) - Publicaciones Periódicas del ...

Anales de la Universidad 719
de ellas, á quienes una eterna minoridad les impediría cuidar
debidamente. Pero entretanto, es lo cierto que aquel temperamento
racional y lógico no es el que surge de la letra
del- artículo que estudiamos.
Como se habrá visto, el artículo faculta al Poder Ejecutivo
para suspender las resoluciones de las Juntas por dos
causas fundamentales, por envolver ellas una extralimitación
de facultades, violación de la ley ó de contrato, ó por ser
contrarias al interés público,—es decir, por una razón de orden
legal ó jurídico, y por razones de orden económico,
exactamente como en el caso de la tutela de que anteriormente
hemos hablado.
Prescindiendo de la impropiedad del verbo suspender, porque
los actos ilegales no son aplazables sino anulables, y
en realidad toda suspensión sin término y por vicio intrínseco
del acto resulta en la práctica una verdadera anulación,
no encontramos motivos suficientes para la intervención de
orden legal en términos tan extensos como los que se indican,
y en los cuales puede afirmarse que la tutela adminis
trativa excede sus verdaderos límites, no teniendo por eso
precedentes en tal forma.
Los actos violatorios de contratos tienen su remedio propio
en el recurso judicial que el mismo proyecto establece
en favor de los dannificados y en virtud del cual los tribunales
pueden suspender el acto reclamado-, no hay, pues,
motivo para la intervención que en esos casos se acuerda al
Poder Ejecutivo, tanto menos cuanto que ellos no tienen por
regla general la trascendencia sobre los intereses nacionales
que es precisamente el fundamento de la tutela administrativa.
Y no se diga que la facultad suspensiva de que el
artículo habla se refiere al caso de acción jerárquica, pues
en primer término esa vía es incompatible con el régimen de
descentralización, y en segundo lugar el artículo habla de la
suspensión de oficio ó á pedido de alguna autoridad, la que
excluye todo recurso jerárquico interpuesto por particulares.
Con razón, pues, las legislaciones positivas excluyen de la
tutela administrativa el caso á que nos referimos.