Año 38, nº 124 (1929) - Publicaciones Periódicas del Uruguay

Anales de la universidad 21
vio obligado a seguir viaje a Buenos Aires, donde fije su residencia.
Su presencia, aunque accidental en la» aguas jurisdiccionales,
provocó grandes movimientos de protesta. Una columna de
pueblo se dirigió al domicilio del Presidemte de la República,
para pedirle que tomara la iniciativa de una gestión encaminada
a obtener e^ desafuero del cargo de senador y la supresión d©
empleo de capitán general, cargos ambos que seguía desempeñando.
El Gobierno prohibió otro mitin o procesión cívica, que
se había proyectado en homenaje a la memoria del teniente Gregorio
Ortiz, Véase lo que decía el Ministro de Gobierno, doctor
Herrera y Obes., a la Policía, fundando esa prohibición:
«El ciudadano Gregorio Ortiz, cuya memoria se trata de honrar
con públicos testimonios de admiración y gratitud, podrá
aparecer ante la Historia como la víctima de ideas y sentimientos
patrióticos, tan nobles en su origen, como extraviados en su
dirección; pero ante la moral y ante la ley, no es sino un
homicida y un suicida, es decir, el reo de dos actos que las leyes
califican de delitos y castigan como tales.»
Santos se dirigió, a principios: de 1888, a la Comisión Permanente
y luego a la Cámara de Diputados, solicitando la derogación
de la ley de extrañamiento. Esa ley, — decía en su escrito,
— dictada sin forma de proceso ni sentencia legal, es
violatoria de da Constitución de la República. La Comisión Permanente
se desentendió de la gestión, invocando falta de facultades,
y a su turno la Cámara de Diputados desechó el pedido,
después de un largo y ardoroso debate, por la abrumadora ma-'
yoría de 38 votos contra 5.
El doctor José Pedro Ramírez, que también consideraba como
inconstitucional la ley de extrañamiento, presentó a la Cámara
de Senadores, de que formaba parte, un proyecto por el que se
derogaba la ley de honores dictada en abril de 1886, que confería
a Santos el empleo de capitán general y le declaraba Gran
Ciudadano, juzgando, y con razón, que era ese el paso previo a
toda otra medida contra el desterrado. Pero el Senado rechazo
el proyecto, como rechazó también otro proyecto que en esos
mismos momentos había sancionado la Cámara de Diputados,
por el que se derogaba, a título de inconstitucional, la ley que
abría las puertas del Parlamento a los oficiales generales, o sea
la ley en cuya virtud el general Santos seguía invistiendo el
cargo de senador.