Año 19, t. 24, nº 91 (1914) - Publicaciones Periódicas del Uruguay

321 Anales de la Universidad
locarse en los términos en que se coloca en todos los demás
casos, en los términos en que se coloca respecto de
todos los contratos y respecto de todas las obligaciones
que legisla la misma ley, y en todos esos contratos y en
todas esas obligaciones la ley prescinde de la moralidad
más ó menos dudosa de que puedan hacer uso algunos
contratantes; pero del hecho de que en algún caso pueda
cometerse esta inmoralidad, no debe llegarse á la conclu
sión de que debe negarse á la parte perjudicada un resarcimiento
ó una compensación, aunque sea incompleta,
por el perjuicio sufrido, y siempre que no se falte á la
moral. No faltaría seguramente á ella el padre que exige
una suma para construir en el cementerio un panteón
para los restos de su hijo.
Finalmente, el último argumento que hacen los contrarios
al resarcimiento del daño moral^ son los inconvenientes
de acordar al juez un excesivo poder en esta materia;
pero estos inconvenientes—se contesta con razón—existen
en todas las materias que legisla el Código, y no son tales
inconvenientes sino que, al contrario, pueden constituir
una ventaja: el juez, por lo mismo que, cuando se ocupe
de una materia de este género, tiene que darse cuenta de
que se trata de una materia delicada, de una materia en
la que pueden intervenir factores de inmoralidad, de una
materia en donde es imposible fijar una exacta equivalencia
de la inmoralidad que se pudiera sospechar en alguna
de las partes, sería una razón á tenerse en cuenta en el
momento de fijar el equivalente del perjuicio^ porque esta
inmoralidad demostraría que el perjuicio no era tan grande
como la parte lo invoca, y todos las dificultades mismas
de esta materia obligarían al juez á proceder en este
caso con gran prudencia y á no extremarse al usar el
poder que se le confiara; pero el juez puede y debe apreciar
también estos perjuicios de orden moral, porque,
siendo perjuicios, no deben quedar siu una reparación.
Por lo demás, contra los errores judiciales la ley establece
garantías y para eso están las distintas instancias