Año 2, tomo 6 (mar. 1902) - Publicaciones Periódicas del Uruguay

MODERNA
• SI se me preguntase,de donde resulta esa conclusión, oontesraría
con el sabio Story: de la misma teoría del gobierno republicano,
pues de otro modo, los actos de la legislatara vendrían
rf ser soberanos y sin restricciones ni freno, i despecho de las
limitaciones establecidas y de las precauciones tomadas por el
constituyente; podrían cometerse por ella usurpaciones de un
carácter el más inequívoco y peligroso, sin remedio ni recurso
alguno al alcance de los particulares, y de hecho habría una omnipotencia
semejante á la reclamada por el Parlamento inglés.
Así textualmente se expresa Story. Pero ¿ qué habría él dicho
y pensado de nosotros, republicanos, si un siglo después hubiera
podido oir de boea de nuestros grandes políticos, que los tribunales
no tienen jurisdicción para otra cosa que pera fallar pleitos,
y esío con sujeción i. las leyes que buenamente se le antoje
dictar al legislativo ordinario, sean ó no conformes ¡í la Constitución
?
Xo se pretende aquí negar ln pasibilLUJ de que los tribunales
se ofusquen ó equivoquen en el examen y apreciación
de la coustitucioualidad de una ley. Ellos también son falibles
como todo lo humano y bien pudiera acontecer que tomasen
per contraria á la Constitución una lev que en realidad no
lo fuera, pero hay también que tenor presente, lo primero,
que la presunción natural y racional, por razones que no hace
al caso enumerar aquí, e« que más f:ícilinente pueden ofuscarse
ó equivocarse los autores misinos ele la ley, que de cierto
no son más infalibles; lo segundo, que ese peligro se corre
igualmente en oí caso de dos leyes secundarias contradictorias,
y que aíin en el de una soia y fínica lev siempre se
corre el de iutei'pretaí'Iíi mal : v lo tareero, q:ic si la observación
proba-e algi, probaría cuno diuu Hunilcoti en el
num. J3 del T^iírrnh^t'i, que no debiera bab.:r jueces, lo que
sería por demá- absurdo. L'na ley pii'.''.lc ser bien ó nial interpretada,
pero en v.l caso de una controversia judicial, es
al juez ó tribunal que conoce de ésta, al que compete interpretarla
ó fijar su sentido.
Resumiendo, di^o: 1,°, que tnd.t ley inconstitucional es
ip$o jure nula, por la cual todo ciudadano está en su derecho
DE LAS LEYES ÍKCOJSS'nTUCIOJiAUBS 89
resistiéndola; 2.*, que lo» jueces y tribunales, (Juicos intérpretes
legítimos de la ley en cada caso ocurrente de litigio
entre partea, tienen el derecho y el deber de nJ aplicar semejante
leyes, lo que implica el de declarar su inconstitucionalidad;
y agregaré, 3.°, que loa que las dictasen, atentarían
contra la Constitución, y se harían por ello reos de lesa patria.
Esto último lo confirma expresamente la misma Constitución
en su artículo 151.
En abstracto, bien se puede estar por la Constitución ó contra
ella, elogiarla ó impugnarla; pero en buena lógica, no es permitido
A la vez estar por ella y contra ella, acatarla como la ley
suprema del país y acatar al mismo tiempo las leyes que le son
contrarias. Definamos, pues, lealinente nuestras respectivas posiciones
6 roles, y no se nos combata con bandera de piratas.
En realidad, la lucha es entre los amigos francos y los enemigos.embozados
de la Constitución, entre los partidarios del gobierno
personal 6 del buen placer, entre liberales y absolutistas.
Atrás el equívoco, siempre funesto en política, y que cada partido
tenga el coraje de sus opiniones !
Xotci — Los eojiceptos v hasta las palabras que pongo en boca
de nuestros adversario?, me los expresó ÍÍ mí mismo mi amigo
el doctor Vidal en 1870, con ocasión del paso que cerca del gobierno
de Batlle dio entonces el Tribunal do Justicia apropósito
del destierro impuesto por aquél ¡í los Ramírez y Herrera, y
en vista de la petición que éstos le elevaron por escrito, y que
el Tribunal admitió y consideró como una denuncia del hecho.
El doctor Vidal, educado en Francia durante los últimos años
de la monarquía de Orleans y los primeros del imperio napoleónico,
é imbuido en las ideas y principios de la tradición latina
corrientes en esa época en aquella nación, no veía en la imposición
de una pena una in,vasión de las atribuciones del poder
judicial, ni cosa alguna que justificara la reclamación hecha
por el Tribunal cabeza do esc poder.
Idéntica cosa me sucedió con mi otro amigo el doctor Méndez,