Mar del Plata, 30 de junio de 2008 - Revista Pensamiento Penal

De este modo, competerá al Estado la implementación de mecanismos
eficientes, que ya tiene a su alcance y que debe ejecutar en forma coordinada,
de modo que permitan identificar a quienes no cuenten con la documentación
respectiva, a través de procedimientos de inmediato resultado en lugares
públicos que no conlleven la privación de libertad de las personas.
La posición que adopto no resulta novedosa en la jurisprudencia. Ya el
Juzgado de Instrucción de la 13era Nominación de Rosario declaró la
inconstitucionalidad del art. 10 inc. B) de la ley Órganica de la Policía
Provincial 7395. De igual modo, con la anterior redacción asignada a la
facultad en la ciudad de Buenos Aires, el Juzgado Nacional en lo Criminal de
Instrucción del Dr. Marcelo Faimberg, en una causa de habeas corpus a favor
de Oscar Coria, declaró la inconstitucionalidad del art. 5 inc. 1 del dec-ley
333/58 Ley órganica Policía Federal, en razón de entenderse que la norma
afectaba la garantía del art. 18 por cuanto atribuye a funcionarios
dependientes del poder administrador una facultad que la CN ha reservado en
forma exclusiva a los jueces (ambos pronunciamientos citados por Oscar
Blando en la obra citada, pp. 154/5).
Finalmente, debo remarcar que, como consecuencia del sistema de control de
constitucionalidad jurisdiccional difuso, la declaración de inconstitucionalidad
sólo produce efectos en el caso concreto que nos toca resolver.
Podría suponerse entonces que en el marco de éste Habeas Corpus, habiendo
recuperado su libertad ambulatoria el accionante y no existiendo indicios en
torno a un eventual riesgo a su libertad ambulatoria por parte de las agencias
estatales, la cuestión materia de decisión ha caído en abstracto.
Frente a esta alternativa, hago propias las palabras de Oscar Blando: “Esta
conclusión a nuestro juicio es grave porque en la medida que nuestros tribunales no
modifiquen su criterio acerca de cómo definir las llamadas ‘cuestiones abstractas’, la
facultad acordada a la policía difícilmente podrá ser cuestionada ante la Justicia y por
lo tanto se demuestra con meridiana claridad la falta absoluta de garantías ciudadanas
que esta consecuencia trae y por lo tanto los actos y decisiones de la policía en esta