Mar del Plata, 30 de junio de 2008 - Revista Pensamiento Penal

La mayoría de la doctrina nacional se pronuncia a favor de la declaración de
inconstitucionalidad de oficio (ver al respecto el interesante trabajo de de
Patricio Maraniello “Declaración de inconstitucionalidad de oficio”, Librería
del Jurista, Buenos Aires, 2008).
El vicio de inconstitucionalidad del que puede adolecer cualquier norma o
comportamiento estatal puede darse tanto al momento de su incorporación al
ordenamiento jurídico como posteriormente, verificándose ésta segunda
alternativa en dos supuestos: cuando han cambiado las situaciones fácticas
tenidas en cuenta al momento de sancionarse la norma o cuando ha
cambiado la Carta Magna y la norma anterior no es compatible con el nuevo
diseño constitucional (Toricelli, Maximiliano “El sistema de control
constitucional argentino”, Lexis Nexis, Desalma, Buenos Aires, 2002).
Aún reconociendo el avance que han implicado tanto la sanción de la ley
13482 -en tanto estableció recortes a las facultades policiales para privar a una
persona de su libertad por averiguación de identidad- como la doctrina
emanada de la CIDH a partir del caso “Bulacio” –que se trasladó a
pronunciamientos de tribunales locales imponiendo un estricto control judicial
al modo de ejecución de dichas facultades (caso “Wekkeser” ya citado), lo
cierto es que en la actualidad han cambiado las situaciones fácticas, ya que es
posible determinar la identidad de una persona mediante una comunicación
telefónica en la vía pública que genere una respuesta inmediata.
Concluyo, en consecuencia, que si bien el Estado conserva la facultad de
identificar a las personas, el uso que debe darse a dicha facultad en un Estado
constitucional y democrático de derecho en modo alguno permite convalidar
que se prive de la libertad a las personas para realizar la diligencia burocrática
de su identificación, máxime cuando la práctica evidencia que, como en el caso
que nos ocupa, el uso de dicha facultad se emplea en forma selectiva y
arbitraria, sin comunicación al órgano judicial que debería tomar
conocimiento, y sin brindarle la posibilidad al demorado de comunicarse con
una persona de su confianza.