Mar del Plata, 30 de junio de 2008 - Revista Pensamiento Penal

Judicial por Averiguación de Identidad a un total de 2.256 personas, no
existiendo registro alguno de éstas prácticas dentro del Poder Judicial,
siendo comunicada cada una de estas detenciones a los Juzgados de
Garantías con posterioridad al cese de dicho trámite, lo que impide un
efectivo control sobre la legitimidad de la detención.
En el mismo período temporal se detuvieron por su presunta participación en
la comisión de un delito en el Departamento Judicial Mar del Plata a un total
de 389 personas, ello con la previa decisión de un Agente Fiscal que dispuso la
aprehensión de las personas, el control ulterior de un Juez de Garantías, la
inmediata asignación de un Defensor Oficial y el ingreso inmediato de los
datos en el Registro Único de Detenidos (RUD) que lleva adelante la
Procuración General.
H). Declaración de inconstitucionalidad. Justificación.
Propone Ferrajoli llevar adelante un control sobre las normas en un triple
nivel: vigencia, validez y eficacia. La vigencia de una norma se vincula a su
aspecto formal, derivada de la regularidad del acto administrativo de su
sanción. La validez de una ley conlleva un análisis sobre su legitimidad
jurídica sustancial, que se vincula al contenido de esas normas, el cuál debe
adecuarse a principios constitucionales relativos a los derechos humanos, la
igualdad y la estricta legalidad penal. Finalmente, se valorará la eficacia de
una norma respecto a las normas de rango inferior al suyo (Ferrajoli, Luigi
“Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal”, p. 359, Trotta, Madrid, tercera
edición, 1998).
Siguiendo esta concepción, las contradicciones de la ley bajo análisis con
fundamentales garantías constitucionales -conforme fuera analizado en cada
uno de los puntos precedentes-, determinan la invalidez de la norma que
habilita la detención de personas al sólo efecto de conocer su identidad,
debiéndose declarar la inconstitucionalidad de dicha ley.