Mar del Plata, 30 de junio de 2008 - Revista Pensamiento Penal

En consecuencia, existiendo posibilidades informáticas para que el trámite
administrativo sea cumplido en forma inmediata mediante una
comunicación telefónica que genere una rastreo informático de los datos
requeridos, resulta desproporcional, irrazonable e injustificado que se
utilicen mecanismos basados en prácticas rutinarias y burocráticas, tales
como el traslado de las personas a una comisaría, su ingreso en condición de
detenido, su ubicación en un calabozo y especialmente, su privación de
libertad durante largas horas (como el caso que nos ocupa).
La regulación legal apuntada no sólo viola la garantía primaria apuntada, sino
también la garantía secundaria “presunción de inocencia”, la que se
subvierte en un “estado de sospecha” indefinido, que convierte a todos los
ciudadanos en sospechosos de registrar impedimentos legales (pedidos de
captura, órdenes de detención, etc), habilitándose la conculcación de
garantías constitucionales hasta tanto se demuestre lo contrario. (Blando,
Oscar “Detención…” cit, pp. 145/147).
D). Las “circunstancias que razonablemente justifiquen” conocer la
identidad de una persona. Afectación a las garantías de igualdad ante la ley
y razonabilidad. Detención sin orden judicial
Ya se ha remarcado que la policía conforma la principal agencia de
criminalización secundaria, y por ello cuenta con una amplia capacidad
discrecional para administrar sus decisiones.
Si bien la selectividad es estructural y no hay sistema penal en el mundo cuya
regla general no sea la criminalización secundaria en razón de la
vulnerabilidad del candidato, como explica Zaffaroni, lo cierto es que debe
promoverse que esa característica estructural no alcance grados y
modalidades aberrantes (Zaffaroni – Alagia – Slokar “Derecho Penal. Parte
General”, p. 12, Ediar, Buenos Aires, 2000).
El texto legal implica una fórmula vaga y carente de contenido, que deja un
margen evidente para la arbitrariedad y desigualdad ante la ley.