Mar del Plata, 30 de junio de 2008 - Revista Pensamiento Penal

Fallos CSJN- 320:2105; Trusso CSJN-Fallos 327:954), la invalidez de la creación
legislativa de categorías de delitos inexcarcelables (“Nápoli, Erika
Elizabeth”CSJN-Fallos, 321:3630) y la inconveniencia de analizar en etapas
anticipadas del proceso si habrá de concurrir una condena de efectivo
cumplimiento (“Gotelli”, CSJN-Fallos, 316:1934)
Asimismo, en los últimos años se ha diseñado una consolidada jurisprudencia
que le asigna a este derecho a la libertad durante el proceso una raíz
constitucional (“Barbará, Rodrigo Rui”, CNCrimyCorr, Sala I, 10/11/03, LL
2004-A-304; “Macchieraldo, Ana María”, CNCP, Sala II, 22/11/04, LL 2005-B-
206; “Arredondo, Cristian” CNCP, Sala III, rta. 22.12.2004).
En consecuencia, se hace palmaria la evidente contradicción, que ya fuera
advertida por Oscar Blando: por un lado, estrictas medidas y resguardos
impuestos por las Constituciones Nacionales y Provinciales, así como por la
doctrina y jurisprudencia procesal para la restricción de libertad de los
imputados de delitos; y por otro lado, la vigencia de normas que permiten detener
a personas que no han cometido delito sin aquellos recaudos (Blando, Oscar
“Detención policial por averiguación de antecedentes,” p. 131, Juris, Rosario,
1995).
Dicho en otros términos, si en cada proceso iniciado por la comisión de un
delito, deben brindarse razones autónomas que justifiquen la detención
cautelar de un inocente, resulta inadmisible que en actuaciones
administrativas motivadas en funciones de control social se habilite una
privación de libertad durante el procedimiento que conlleva la culminación
de dicho trámite.
Las contradicciones apuntadas se hacen aún más visibles si se advierte, por
ejemplo, que en determinadas provincias se han vedado por completo las
facultades policiales para detener por averiguación de identidad. Para el caso,
el art. 24 de la Constitución de La Rioja enuncia: “Queda prohibida la
detención por averiguación de antecedentes”.