Mar del Plata, 30 de junio de 2008 - Revista Pensamiento Penal

miembros de ésta estaban habilitados a detener a toda persona de quien, a su criterio,
fuese necesario conocer los ‘antecedentes y medios de vida’, en circunstancias que lo
justificaran o cuando se negase a identificarse, no pudiendo extenderse dicha detención
por un tiempo mayor a las veinticuatro horas” (Sain, Marcelo “Política, policía y
delito. La red bonaerense”, p. 50, Claves para Todos, Capital Intelectual,
Buenos Aires, 2004).
Dentro del proceso de reestructuración de la policía acontecido en el año
1998, caracterizado por criterios de diferenciación funcional, desagregación
organizacional y descentralización del mando operacional, la ley 12155 estableció un
conjunto de principios básicos de actuación policial tendientes a fijar las bases
normativas del control del desempeño policial y, en particular, del uso de la
fuerza por parte de los uniformados (Sain, Marcelo “Política…” cit. p. 68)
En éste contexto se sustituyó la detención sin orden judicial por averiguación
de antecedentes (coloquialmente denominada “Doble A”) por la detención con
fines identificatorios.
El actual art. 9 de la ley 12.155 establece que
“el personal policial está facultado para limitar la libertad de las
personas únicamente en los siguientes casos:
a) En cumplimiento de orden emanada de autoridad judicial
competente;
b) Cuando se trate de alguno de los supuestos prescriptos por el
Código Procesal Penal o la Ley Contravencional de aplicación al caso.
c) Cuando sea necesario conocer su identidad, en circunstancias que
razonablemente lo justifiquen, y se niega a identificarse o no tiene la
documentación que la acredita”.
Este tercer supuesto, configura un caso de detención de personas sin orden
judicial en base a lo que se ha denominado la “Averiguación de Identidad”.
Es decir, ha sido a partir de la constatación efectiva de abusos policiales y de
ejercicio de violencia durante la privación de libertad de las personas