Mar del Plata, 30 de junio de 2008 - Revista Pensamiento Penal

Hasta comienzos de la década de los 90, la Policía Federal tenía la capacidad
de detener por un término de 24horas a personas que no portaran su
credencial de identidad.
Los antecedentes del denominado “caso Bulacio”, que culminó en el
fallecimiento del joven Walter Bulacio en la comisaría 35ta de la Policía
Federal Argentina, generaron reformas orientadas a regular normativamente
ciertas actividades y facultades policiales.
En particular, se puso en crisis las facultades derivadas del decreto-ley 333/58,
que contemplaba en su redacción originaria que “son facultades de la Policía
Federal para el cumplimiento de sus funciones: detener con fines de
identificación, en circunstancias que lo justifiquen, y por un lapso no mayor de
24horas, a toda persona de la cual sea necesaria conocer sus antecedentes” (art.
5 inc. 1).
Las alternativas propuestas en la discusión parlamentaria transitaron por el
intento de abolir la cláusula de verificación de identidad (propuesta del
diputado Lázara), limitarla temporalmente en 4 horas (propuesta del diputado
Cortese) o restringirla a 10 horas, siendo ésta la opción finalmente aprobada en
el Congreso Nacional. (Fuentes, Claudio “La inevitable “mano dura”: sociedad civil
y violencia policial en Argentina y Chile”, Revista de Ciencia Política, Volumen
XXIV, N° 2, p 21, Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile, 2004)
La ley 23950, promulgada en 1991, implicó el diseño de un conjunto de
controles formales sobre la facultad policial de detención de personas para su
identificación.
En la Provincia de Buenos Aires, el primer Reglamento de la Policía de la
Provincia de Buenos Aires de 1880 autorizaba a los miembros de la fuerza
policial a arrestar sin autorización judicial a los vagos, ebrios y sospechosos
durante un período de tiempo de hasta ocho días.
Como explica Sain “cien años mas tarde, el tiempo de detención posible de una
persona sin orden judicial era menor, pero la impronta social disciplinante de dicha
facultad se mantuvo. De acuerdo con la Orgánica de la Policía Bonaerense de 1980, los