Mar del Plata, 30 de junio de 2008 - Revista Pensamiento Penal

el nombrado permaneció igualmente detenido hasta las 21horas de
esa misma jornada.
Que durante la privación de libertad por averiguación de identidad de
GONZALEZ, al nombrado no se le brindó la posibilidad de
comunicar telefónicamente a un familiar o allegado su situación de
detención ni los motivos de la medida restrictiva, violándose
expresamente la obligación legal contenida en el inciso c) del art. 16 de
la ley 13482.
Que la detención por averiguación de identidad de GONZALEZ fue
comunicada al Juzgado de Garantías nro. 6 recién el día 23 de abril de
2008, es decir un día y medio después de haber recuperado su libertad
el accionante, violándose expresamente la obligación legal contenida
en el último párrafo del art. 15 de la ley 13482, que establece que tales
privaciones de libertad deberán ser notificadas inmediatamente a la
autoridad judicial competente.
VI. INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 9 DE LA LEY 12.155
A). La policía como agencia de control jurídico-penal.
La policía, junto a la jurisdicción penal y las instituciones penitenciarias son las
instancias previstas en el orden constitucional de los Estados de derecho para
ejercer el control punitivo.
Al decir de Sain “la sustantiva diferencia entre la policía y las restantes agencias de
criminalización secundaria reside en que aquélla configura la instancia primera y
principal del proceso de selección criminalizante. Las agencias judiciales y
penitenciarias se limitan apenas a administrar aquellos casos y personas que fueron
criminalizados efectivamente por las policías, convirtiendo así a éstas, en una de las
principales agencias de control social” (Sain, Marcelo “El leviatán azul. Policía y
política en la Argentina”, pp. 115, siglo XXI, Buenos Aires, 2008).
Explica Recasens I Brunet que “el objeto-policía desarrolla una función simbólica
que se expresa como lucha contra el crimen, y una función real consistente en actuar