principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos

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afectadas, al aumentar su sensación de impotencia y falta de respeto del
proceso.
Los primeros siete criterios se aplican a cualquier mecanismo estatal o no
estatal, de resolución o de mediación. El octavo criterio es específico de los
mecanismos de nivel operacional que las empresas ayudan a administrar.
La expresión "mecanismo de reclamación" se usa aquí como término
técnico. No siempre resultará apropiado o útil aplicado a un mecanismo
específico, pero los criterios de eficacia no varían. A continuación se
comentan los criterios específicos:
a) Para que las partes interesadas a las que se destine el mecanismo
decidan utilizarlo efectivamente es imprescindible que confíen en
él. Para generar esa confianza resulta importante, por lo general,
asumir la responsabilidad de que ninguna parte en el proceso de
reclamación interfiera en el mismo;
b) Entre los factores que pueden dificultar el acceso figuran el
desconocimiento del mecanismo, el idioma, el nivel de alfabetización,
los costos, la ubicación física y el temor a represalias;
c) Para que se confíe en él y se utilice, un mecanismo debe informar
públicamente sobre el procedimiento que ofrece. Deberían
respetarse, siempre que sea posible, los plazos previstos para
cada etapa, sin olvidar la flexibilidad en las ocasiones en que
resulte necesaria;
d) En las reclamaciones o controversias entre empresas y grupos de
afectados, estos últimos suelen disponer de un acceso mucho más
restringido a la información y a los expertos, y carecer de los
recursos financieros para pagarlos. Cuando no se corrige este
desequilibrio se pone en peligro tanto la realización como la
percepción de un juicio justo, lo que dificulta la posibilidad de
alcanzar soluciones duraderas;
e) Comunicarse periódicamente con las partes a propósito de
la evolución de las reclamaciones individuales puede ser
esencial para mantener la confianza en el proceso. Actuar con
transparencia, ante las partes interesadas en general, sobre el