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DOMINICAL
PRENSA LIBRE : Guatemala, 25 de octubre de 2009
EDITORIAL
Violencia lacera a
centroamericanos
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13 calle 9-31 zona 1, Guatemala
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La sensación de inseguridad
que mantiene en vilo a
unos 38 millones de centroamericanos,
algo que no solo reiteran
las encuestas ciudadanas, tiene respaldo
en hechos reales, como lo demuestra el
más reciente informe sobre Desarrollo
Humano del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el
cual se concluye que Centroamérica es la
región más violenta del mundo, y solo es
comparable con los cuadros de terror
que ocurren en Iraq y en algunas regiones
de África.
La diferencia, cuando se nos compara
con esos países, es que aquellos se encuentran
inmersos en guerras y conflictos
políticos, pero en nuestro caso los indicadores
de violencia e inseguridad
obedecen a causas sociales, que en mayor
o menor proporción se presentan
desde Belice hasta Panamá.
Un primer dato que desnuda esta dramática
situación es que en el mundo se
producen nueve homicidios por cada
cien mil habitantes, pero para nuestra región
los datos, que fueron recabados en
el 2008, ubicaron, en su orden, a Honduras
a la cabeza, con 58 homicidios por cada
cien mil habitantes. Le sigue El Salvador,
con una media de 52, y Guatemala
ocupó el tercer lugar, con una tasa de 48.
Belice registra 32; Panamá, 19; Nicaragua,
13, y Costa Rica, 11.
Esto arroja un promedio de 33 homicidios
por cada cien mil habitantes, lo que
equivale a más de tres veces la tasa mundial
y supera en ocho puntos la media de
Latinoamérica, que se coloca en 25. Incluso
el informe divide a Centroamérica
en el triángulo norte, integrado por Honduras,
El Salvador y Guatemala, como los
países más violentos del mundo, y el
triángulo sur, donde Nicaragua, Costa
Rica y Panamá presentan índices menores
de ese flagelo, pero que de todas maneras
están por encima de los promedios
más aceptables.
A Guatemala le corresponde, además,
el triste privilegio de ser el país más armado
del Istmo, pues se calcula que circulan
un millón 235 mil armas, de las cuales
apenas el 20 por ciento tiene registro
legal. El dato adquiere mayor relevancia
porque también en esta región casi el 80
por ciento de los homicidios se comete
con arma de fuego.
Para los gobiernos centroamericanos,
el informe alerta sobre el crecimiento de
las formas de delinquir y citan al narcotráfico,
pandillas juveniles, crimen organizado
y corrupción como los principales
actores de la inseguridad en el área,
donde los índices de violencia común
han crecido a niveles inaceptables y que
incluso están poniendo a prueba los modelos
de seguridad ciudadana y la capacidad
de los gobernantes.
Se trata de una triste realidad que
abarca a un conglomerado muy amplio
de personas, pero que también constituye
una prueba crucial para las autoridades,
que deben encarar una batalla que se
ha venido relegando por años. El riesgo
de no tomar las medidas pertinentes es
que los constantes hechos de violencia
lleguen a atrofiar la sensibilidad ciudadana,
al punto de que resulte como algo
natural el cúmulo de crímenes que atentan
no solo contra la integridad individual,
sino contra el desarrollo del país.
María Mercedes Girón de Blank
Mario Antonio Sandoval
Gonzalo Marroquín G.
Luis Enrique Solórzano C.
Miguel Ángel Méndez Zetina
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MIEMBRO DE LA SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA
TIEMPO Y DESTINO
LUIS MORALES CHÚA
En busca de la
justicia perfecta (4)
E N TÉRMINOS GENERALES,
los problemas en las elecciones
de magistrados no corresponden
a las comisiones de
postulación ni al Congreso de
la República.
Algunas se originan en la
ley dela materia, pues los comisionados
se esforzaron al
máximo —lo cual queda documentado
en 29 actas, boletines
ydeclaraciones escritas y
orales— por ajustar sus resoluciones
a los preceptos de esa
ley, la cual deberá ser mejorada
mediante reformas en las
que se recojan las experiencias
de estos meses de acaloradas
y agitadas, pero útiles
polémicas.
Uno de los elementos inadmisibles
está en criminalizar
el parentesco consanguíneo y
el de afinidad, en torno alo
cual sería bueno estudiar hasta
qué punto la ley incurre en
discriminaciones inconstitucionales,
como sucede con el
principio según el cual el
hombre y la mujer, cualquiera
Los derechos de toda
persona deben ser
respetados, sin
discriminación por
motivos de raza, color,
sexo, idioma, religión y
opiniones políticas.
que sea su estado
civil, tienen
iguales oportunidades
y responsabilidades.
De manera
que, según mi
opinión, puede
haber violación
de los derechos
humanos a la libertad
y a la
igualdad, cuando una candidata
es objetada o impedida
de acceder auna magistratura
por ser esposa opor ser hermana.
Lo mismo sucede con el señalamiento
contra candidatos
“sospechosos” de ser afines a
partidos políticos oalos líderes
de esos partidos, porque se
atenta contra el derecho garantizado
por la Constitución
a participar en actividades políticas,
punto que merece ser
estudiado ala luz de la constante
campaña para que los
ciudadanos participen en partidos,
afin de evitar, se dice,
que “otros decidan por nosotros”,
y por el hecho notorio
de que algunos de los autores
de los vetos adeterminados
candidatos tienen una larga y
muyrespetable historia de actividades
político partidistas
fácilmente demostrable.
Porque decir que la política
es mala si la haces tú, pero
muy buena si la hago yo, no
tiene cabida en una sociedad
en la que los derechos políticos
son para todos por igual.
Se viola también la independencia
judicial, al calificar
como faltade idoneidadhaber
dictado sentencias que no son
del agrado de los que se atribuyen
el derecho de vetar a los
candidatos, porque la función
jurisdiccional se ejerce con
exclusividad absoluta por la
Corte Suprema de Justicia y
por los demás tribunales que
la ley establezca. Yninguna
otra autoridad puede intervenir
en la administración de
justicia.
Otro asunto, poco analizado,
es la puntuación aplicada a
los expedientes.
No funcionó, como se esperaba,alextremo
de que las comisiones
y el Congreso, sucesivamente,
se desentendieron,
parcialmente, de la escala de
puntos.
Esa forma de evaluación
tiene por objeto limpiar las
elecciones de la subjetividad.
O, como dice la ley, “limitar la
discrecionalidad de los Organismos
del Estado
en cuanto
al nombramiento
subjetivo e
inidóneo (¡!) de
determinadas
autoridades públicas”.
Esta vez los
punteos estuvieron
insertos
en una elevada
dosis de subjetividad, y más
subjetividad hubo en algunas
denuncias, que pudieron haber
influido en el resultado final.
Pongo de ejemplo el siguiente
caso teórico: un abogado
competente, honorable,
justo eimparcial, que nunca
ha sido amonestado osancionado
es electo, hace diez años,
magistrado de apelaciones,
con 72 puntos. Cinco años más
tarde es reelecto, con 77. La
tercera vez debería obtener,
por lo menos, 80; en cambio
bajo el sistema usado hoy obtiene
45 y es sacado del ámbito
judicial, por la baja puntuación
obtenida. Para él la carrera
judicial ha terminado, a lo
cual se suma el desprestigio
causado por denuncias que
habrán de molestarle mucho
tiempo, porque ha sido marcado
en la frente con el estigma
de la falta de idoneidad. No
defiendo alos corruptos, aclaro.
Deben ser procesados y
condenados, pero mediante
procedimientos estrictamente
legales.