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MEXICO, AMERICA CENTRAL Y EL ENTORNO CARIBEÑO 99 Es interesante observar la contestación que el Gobierno mexicano dio a este informe y que es poco conocida. En esta respuesta se realzan dos puntos que el Relator indica como prioritarios: los conflictos por cuestiones agrarias (“focos rojos”) y la conflictividad política relativa a la disputa del poder, sobre todo en el ámbito municipal. El Gobierno remarca que no se han podido lograr avances, sobre todo porque se carece de recursos económicos. Tal es el caso de indígenas encarcelados, respecto al que “las entidades públicas carecen de los recursos suficientes para vigilar la estricta aplicación de la ley.” Indica que, por la “coyuntura económica”, no se pueden proporcionar más recursos a las poblaciones indígenas. Aquí habría que preguntarse por qué en esta “coyuntura” el Gobierno privilegia a banqueros con grandes sumas de dinero y, en cambio, para los indígenas existe una “coyuntura” diferente que no permite que reciban grandes apoyos. En su respuesta, el Gobierno indica que promoverá ante el Congreso de la Unión el inicio del debate sobre una nueva reforma constitucional tomando como base los Acuerdos de San Andrés Larrainzar;

100 IWGIA - EL MUNDO INDIGENA - 2005 promoverá ante los Gobiernos de los estados, previa consulta con los indígenas, las reformas a sus constituciones, con el fin de que se dé reconocimiento a sus derechos fundamentales; promoverá que el Convenio No.169 de la OIT se vea reflejado en la legislación nacional; que las comunidades lleven el control, conservación y regeneración de los recursos naturales que se encuentren en las Áreas Naturales Protegidas (ANP); que se tome en cuenta el derecho a la diferencia cultural; que sean respetados los derechos colectivos; que en los ministerios públicos existan traductores en lenguas indígenas; que se erradiquen las prácticas de tortura física y psicológica realizadas por las corporaciones policiales y militares; y promoverá leyes de amnistía a indígenas encarcelados por razones políticas o sociales. Además de reconocer y respetar las estructuras comunitarias, el Gobierno “promoverá ante los Gobiernos estatales, el reconocimiento y respeto de sus propias formas de gobierno interno y otras formas de solución de conflictos propios de los pueblos indígenas” 5 . En las acciones a las que se compromete el Gobierno mexicano, el verbo promover aparece 22 veces. Uno de los puntos que considera el Gobierno es el de “dar una solución definitiva al conflicto de Chiapas”. Es deber de las organizaciones indígenas, de la sociedad civil y de los defensores de derechos humanos vigilar de qué manera el Gobierno promoverá estas acciones para la mejora de los pueblos indígenas 6 . La reforma constitucional en materia indígena y el conflicto con el EZLN son dos temas pendientes. Por tanto, es importante difundir este documento, analizarlo, discutirlo. Es tarea de todos. Chiapas ¿tema del pasado? La posición del Gobierno federal sobre el problema chiapaneco puede ser sintetizada en la respuesta que dio Vicente Fox a una pregunta que le hicieron sobre el EZLN, contestando: “Aquí ese tema prácticamente está quedando ya en el pasado y todo el mundo está viendo adelante” 7 . Obviamente, una afirmación de esta naturaleza carece de sentido. Existe una persistente violación de los derechos de los indígenas en Chiapas, hay una gran presencia del Ejército Mexicano, persisten gru-

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Es interesante observar la contestación que el Gobierno mexicano<br />

dio a este informe y que es poco conocida. En esta respuesta se realzan<br />

dos puntos que el Relator indica como prioritarios: los conflictos por<br />

cuestiones agrarias (“focos rojos”) y la conflictividad política relativa a<br />

la disputa del poder, sobre todo en el ámbito municipal. El Gobierno<br />

remarca que no se han podido lograr avances, sobre todo porque se<br />

carece de recursos económicos. Tal es el caso de indígenas encarcelados,<br />

respecto al que “las entidades públicas carecen de los recursos<br />

suficientes para vigilar la estricta aplicación de la ley.” Indica que, por<br />

la “coyuntura económica”, no se pueden proporcionar más recursos a<br />

las poblaciones indígenas. Aquí habría que preguntarse por qué en esta<br />

“coyuntura” el Gobierno privilegia a banqueros con grandes sumas<br />

de dinero y, en cambio, para los indígenas existe una “coyuntura” diferente<br />

que no permite que reciban grandes apoyos.<br />

En su respuesta, el Gobierno indica que promoverá ante el Congreso<br />

de la Unión el inicio del debate sobre una nueva reforma constitucional<br />

tomando como base los Acuerdos de San Andrés Larrainzar;

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