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PROCESOS INTERNACIONALES
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nidades indígenas y locales es un tema clave en relación con el establecimiento,
gestión y vigilancia de la áreas protegidas. Esta es la primera
vez que la cuestión de los derechos, de manera abierta y general, se ha
incluido en una decisión del CDB, aunque los derechos de los pueblos
indígenas han sido reconocidos en un sentido más restringido en relación
con el conocimiento tradicional en el Artículo 8(j). Canadá y Nueva
Zelanda intentaron con ahínco en la COP7 mantener este concepto
confinado de derechos en el CDB, pero no tuvieron éxito en limitar el
ámbito de la decisión. Este es un paso importante y es un apoyo para
los futuros avances bajo el CDB y para las discusiones sobre indicadores
de seguimiento e informes independientes sobre la aplicación de la
decisión del CDB y del plan de trabajo (PT). Las intervenciones indígenas
también garantizaron que la finalidad y ámbito del PT, que consiste
en cuatro elementos vinculados entre sí, deban reforzarse mutuamente
y aplicarse de manera intersectorial.
El vacío más significativo entre los resultados es la ausencia de reconocimiento
del derecho de los pueblos indígenas al LCIP en relación
con el establecimiento de nuevas áreas protegidas que afecten a sus
territorios tradicionales. Al reconocimiento del LCIP se opusieron delegaciones
gubernamentales del norte y el sur, incluyendo a Suecia,
Reino Unido, Finlandia, Nueva Zelanda, Australia o Malaisia, entre
otros. La intensa labor del FIIB en defensa del LCIP se mantuvo hasta
el penúltimo día de las negociaciones. En el aspecto positivo, es muy
significativo que los Gobiernos aceptasen el reconocimiento del LCIP
en relación con el desalojo, lo que es una victoria significativa para los
pueblos indígenas. Ni en la decisión de la COP7 ni en el PT se incluyó
texto específico sobre tenencia de la tierra, derechos territoriales, lugares
sagrados, restitución de la tierra y garantías sobre prevención de la
pobreza. Pero el FIIB luchó por estos elementos hasta el último minuto
en las negociaciones.
Algunos elementos de la decisión del CDB y el PT (apoyo a AP
privadas, etc.) suponen un riesgo potencial para los pueblos indígenas
si la decisión y las actividades sugeridas no se aplican de una forma
equilibrada que tenga en cuenta la equidad, los derechos y las preocupaciones
sobre gobernabilidad. A este respecto, será esencial que las
organizaciones indígenas exijan sus responsabilidades a los Gobiernos