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PROCESOS INTERNACIONALES
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tativa de los beneficios derivados de su utilización. Es importante señalar
que la gran mayoría de los pueblos indígenas, considerando que
su participación en el desarrollo de las Directrices podía facilitar la biopiratería
de sus recursos y conocimientos, tomaron la decisión consciente
de no participar activamente en las discusiones sobre las directrices
y por ello han rechazado su aplicación. En su segunda reunión
de diciembre de 2003, el Grupo de Trabajo ad hoc abierto sobre acceso y
distribución de beneficios (GTADB) inició una discusión sobre el proceso,
naturaleza, ámbito, elementos y modalidades de ese régimen internacional
sobre acceso y distribución de beneficios, que se presentaron
a la COP7 4 .
En la COP7, las Partes iniciaron extensas discusiones para establecer
el mandato del GTADB para la negociación del régimen internacional.
A ojos de los pueblos indígenas el preámbulo de la decisión de
la COP7 relativa al régimen internacional crea un escenario peligroso
para las futuras negociaciones del régimen. Señala “reafirmando que
los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos naturales y que la
autoridad para determinar el acceso a los recursos genéticos corresponden a
los Gobiernos nacionales y están sujetos a la legislación nacional, de conformidad
con el artículo 3 y artículo 15, párrafo 1 del Convenio”. El FIIB hizo
una intervención oponiéndose a esta formulación, señalando que la
legislación internacional de derechos humanos reconoce que los Estados
no tienen soberanía absoluta sobre los recursos naturales. Pero,
por supuesto, las Partes no quisieron admitir este punto.
Gracias a los enérgicos esfuerzos de cabildeo del FIIB, el preámbulo
adoptado señala que “el régimen debería reconocer y deberá respetar
los derechos de las comunidades indígenas y locales.” Los pueblos indígenas
también tuvieron éxito en sus presiones para que se incluyese la
legislación internacional de derechos humanos contenida en instrumentos
de derechos humanos entre los posibles elementos en un régimen
internacional. Aunque esto da algunas posibilidades para presionar
en las futuras reuniones, no hay garantías de que el régimen
vaya a ser coherente con la legislación internacional de derechos humanos.