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566 IWGIA - EL MUNDO INDIGENA - 2005
sada no autorizada en la que se eliminaba texto relativo a la protección
de las tierras y aguas tradicionalmente ocupadas o utilizadas por las
comunidades indígenas y locales. Cuando la cuestión llegó a la plenaria,
la UE dirigió la oposición a este cambio y fue apoyada por el Grupo
de Países de Latinoamérica y el Caribe (GRULAC), el Grupo Africano
y la Federación Rusa. Todas las Partes subrayaron que había existido
un consenso dentro del Grupo de Trabajo II para conservar ese texto
importante para los pueblos indígenas. Al final, Nueva Zelanda se vio
forzada a aceptar la conservación del texto.
Durante la tercera sesión del Grupo de Trabajo sobre el Artículo 8(j)
(GT8J), celebrada en Montreal, los representantes del Gobierno de
Malaisia habían insistido enérgicamente en que muchos temas quedaran
sujetos a la legislación nacional a la vez que rechazaban la mención
a los instrumentos y normas internacionales de derechos humanos sobre
los derechos de los pueblos indígenas. Como resultado, en el tema
sobre el desarrollo de elementos para sistemas sui generis (es decir, especialmente
creados) para la protección del conocimiento tradicional,
innovaciones y prácticas se dejó texto entre corchetes y se llevó a la
COP7. En la COP7, Malaisia continuó manteniendo esta posición en el
Artículo 8(j) y otros temas de la agenda. Otros países, como Indonesia
y Tailandia, también apoyaron esta posición. Preocupados por la insistencia
del país anfitrión, los representantes indígenas de Malaisia y las
ONG se reunieron para discutir posibles estrategias de cabildeo. Con
una fuerte presión de los representantes indígenas, las ONG y representantes
de otros Gobiernos, se consiguió finalmente el acuerdo en el
texto. Este éxito es una lección para el FIIB que debe presionar a otros
Gobiernos de Asia y África en estos temas en el futuro.
Un régimen internacional sobre acceso y distribución de
beneficios
En la COP6 en La Haya en 2002 se dio un paso importante hacia el
desarrollo de un régimen internacional de acceso y distribución de beneficios,
cuando 180 Partes adoptaron las Directrices Voluntarias de
Bonn sobre acceso a los recursos genéticos y distribución justa y equi-