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490 IWGIA - EL MUNDO INDIGENA - 2005
República Democrática del Congo (RDC)
L
os conflictos violentos continuaron a lo largo de 2004, particularmente
en las provincias orientales de Kivu del Norte y del Sur, y en
el distrito Ituri, que linda con Burundi, Ruanda y Uganda. Se firmaron
acuerdos de cese de fuego entre las autoridades congolesas y los grupos
rebeldes, pero éstos se rompieron al cabo de pocas semanas e incluso
las oficinas de la ONU en Kinshasa fueron atacadas por civiles
que acusaban a la ONU de haber permitido que los rebeldes armados
ocuparan la ciudad oriental de Bukavu. El Comité Internacional de
Rescate anunció que más de 31.000 personas mueren por mes a raíz del
conflicto, con un saldo de 3,8 millones de muertos entre agosto de 1998
y abril de 2004; muchas de estas muertes fueron a causa de las enfermedades,
el hambre y la falta de medicinas provocada por el desplazamiento.
Se llamó la atención en particular sobre el uso habitual de la
violencia sexual como arma de guerra por muchas de las partes en el
conflicto. Personal civil y militar de MONUC fue acusado de 150 casos
de explotación sexual y abuso de civiles.
El mandato de MONUC se extendió hasta marzo de 2005 y hacia
fines de año había 12.642 soldados de las fuerzas de paz en la RDC. Un
informe de MONUC indica que la violencia y las violaciones a los derechos
humanos en Ituri continuarán a menos que las autoridades logren
el control de la extracción de recursos naturales allí. Otro informe
de MONUC indica que las condiciones en las cárceles son tan malas
que una condena de uno a cinco años es equivalente a una pena de
muerte. Las preocupaciones respecto a la libertad de prensa se intensificaron
luego de que unos periodistas fueran atacados por la policía
y encarcelados por haber informado sobre acusaciones de violencia
policial y corrupción ministerial.
Luego de un pedido del presidente Kabila, la Corte Criminal Internacional
(CCI) inició una investigación de los supuestos crímenes de
guerra cometidos desde el 2002, y su relación con empresas que operaban
en Europa, Asia y Norteamérica; se espera que se establezca una
corte criminal internacional en el 2005. La ONU nombró un experto
independiente sobre la situación de los derechos humanos en la Repú-