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462 IWGIA - EL MUNDO INDIGENA - 2005
pero con escasa fe en que la pobreza, tal como se discute en los ERP y
en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pueda reducirse mientras el
control de los recursos productivos siga centralizado en el Gobierno
nacional. Para muchos pueblos indígenas, la esperanza para la reducción
de la pobreza radica sobre todo en los principios de la descentralización
y la devolución de poder y en un enfoque de derechos para el
desarrollo y de ahí el deseo de que se adopte la nueva constitución.
El informe de la Comisión Territorial de Ndung’u
El informe de la Comisión Territorial de Ndung’u se presentó el 10 de
diciembre. El informe es el resultado del trabajo emprendido por la
comisión de investigación sobre las concesiones irregulares de tierras
públicas. Su presentación se produjo después de una presión sostenida
de políticos, grupos de cabildeo y cuerpos profesionales. El informe
menciona a altos funcionarios del régimen anterior y del actual entre los
mayores beneficiarios de las concesiones ilegales de tierra pública. Entre
los implicados en el informe se encuentran ministros del gobierno, secretarios
permanentes y comisionados provinciales y de distrito.
Una importante recomendación del informe era el establecimiento
de un Tribunal de Titulación de Tierras para encargarse de la cuestión
de la reivindicación, revocación o cancelación de títulos adquiridos
fraudulentamente. El Tribunal daría a los poseedores de los títulos una
oportunidad para defenderse. La comisión también recomendó el establecimiento
de una Comisión Nacional de Tierras, investida con el poder
de conceder tierras públicas y supervisar la gestión y distribución
de tierras tribales (trust lands).
El hecho de que no se haya fijado una fecha para el establecimiento
del Tribunal de Titulación de Tierras o la Comisión Nacional de Tierras
ha despertado las dudas sobre si el Gobierno tiene la intención de aplicar
las recomendaciones del informe Ndung’u.
El ministro de Tierras y Vivienda ha declarado que ha anulado miles
de títulos de tierras ilegalmente adquiridos. Pero, según la ley, el
ministro no tiene poder bajo los estatutos que gobiernan la administración
de la tierra (emisión y cancelación de títulos) en el país para anu-